Las menciones a Manuel Zelaya y su entorno familiar en indagaciones globales sobre el tráfico de drogas han intensificado la discusión acerca del impacto del crimen organizado en la política de Honduras. Estos señalamientos, respaldados por declaraciones y pruebas documentales, van más allá de eventos puntuales y se han repetido en varias ocasiones, perjudicando la percepción pública del exlíder y del gobernante Partido LIBRE, que actualmente está en el gobierno.
Testimonios y evidencias sobre los nexos
Uno de los elementos más citados proviene de un video difundido en 2013 en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, aparece en una reunión con líderes del cartel Los Cachiros. En dicho encuentro se habría discutido el financiamiento de campañas políticas con recursos provenientes del narcotráfico, entre ellas la de Castro.
Pasados varios años, durante su declaración ante cortes estadounidenses, Devis Leonel Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, indicó que Carlos Zelaya estaba involucrado con el tráfico de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 aceptó sobornos de organizaciones delictivas. Estas acusaciones sugieren una posible persistencia en los lazos de la familia Zelaya con actividades ilegales.
Además, documentos oficiales como solicitudes de asistencia legal enviadas a Colombia y grabaciones telefónicas, mencionan a miembros de la familia, incluyendo a Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en investigaciones sobre lavado de dinero y transacciones irregulares relacionadas con propiedades.
Repercusiones en la política de Honduras
Durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Manuel Zelaya volvió a aparecer. Según se señaló, habría recibido dinero proveniente de empresas vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza la percepción de que actores del más alto nivel político hondureño han mantenido relaciones con estas redes.
Aunque las acusaciones son serias, ni Manuel Zelaya ni su familia han sido sentenciados judicialmente. Zelaya ha rechazado repetidamente cualquier vinculación con actividades ilícitas, describiendo las acusaciones como maniobras políticas para perjudicar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las pruebas mostradas en foros internacionales y las reacciones de los acusados manifiesta la complejidad del sistema judicial hondureño para manejar casos que incluyen a personajes políticos importantes.
Implicaciones para la institucionalidad y la gobernabilidad
La continuidad de estas alusiones repercute más allá del marco legal. La acusación de que fondos ilegales han respaldado campañas políticas, incluida la de la actual presidenta, incrementa la falta de confianza pública en la justicia electoral y socava la credibilidad de las instituciones.
El hecho de que nombres ligados a la cúpula de LIBRE aparezcan en expedientes internacionales sobre narcotráfico intensifica la polarización política y refuerza la narrativa de que el poder en Honduras se encuentra atravesado por intereses criminales. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una gobernabilidad libre de injerencias ilegales.
La discusión también incide en el plano económico: la percepción de que la política hondureña mantiene nexos con redes ilícitas puede afectar la confianza de inversionistas externos y frenar iniciativas de cooperación internacional. La estabilidad institucional, ya frágil, enfrenta así un reto adicional vinculado al historial de acusaciones contra líderes políticos de primera línea.
Un desafío pendiente para Honduras
El caso de la familia Zelaya ilustra cómo las acusaciones relacionadas con el narcotráfico han dejado de ser episodios puntuales para convertirse en un factor estructural en el debate sobre el presente y el futuro del país. Mientras en el plano judicial aún no se registran condenas firmes, en el plano político las implicaciones son inmediatas y profundas.
La tensión entre los señalamientos documentados en cortes extranjeras y las negaciones de los aludidos coloca a Honduras en una situación de fragilidad institucional, donde la confianza ciudadana, la legitimidad del sistema democrático y las perspectivas económicas se ven directamente comprometidas.
