Las declaraciones recientes de Héctor Manuel Zelaya, quien es el secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el escenario político de Honduras, reavivando el debate sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un contexto caracterizado por la división legislativa y la falta de confianza entre los partidos políticos, sus comentarios han sido vistos como un indicio de posibles intentos del gobierno de avanzar con la reforma fiscal sin contar con el necesario apoyo del parlamento ni un proceso de discusión transparente.
Debate por comentarios del representante
En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que el Congreso Nacional podría aprobar la Ley de Justicia Tributaria «sin darse cuenta». Aunque no especificó métodos precisos, diversos grupos interpretaron sus palabras como una sugerencia de que el oficialismo, encabezado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría utilizar métodos no convencionales para impulsar la ley.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Respuestas del ámbito privado y expertos en la constitución
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) igualmente manifestó su preocupación por las declaraciones de Zelaya, advirtiendo acerca de las posibles repercusiones económicas de aprobar una modificación fiscal sin un diálogo extenso y claro. De acuerdo con esta entidad, una situación como esa podría aumentar la incertidumbre para la inversión privada y comprometer la estabilidad económica de la nación.
En paralelo, especialistas en derecho constitucional subrayaron que cualquier intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin apegarse a los procedimientos parlamentarios podría dar lugar a impugnaciones por inconstitucionalidad. En particular, recordaron que el principio de deliberación legislativa exige transparencia, discusión plural y cumplimiento de los mecanismos institucionales establecidos.
Aumento de la presión política y monitoreo por parte de la oposición
A consecuencia de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas de oposición han manifestado que se mantendrán en “vigilancia continua” frente a eventuales intentos de aprobar la ley durante sesiones parlamentarias extraordinarias o sin actas correctamente validadas. Esta advertencia se produce en un escenario en el que la presidencia del Congreso, bajo el liderazgo de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas consideradas irregulares en la sanción de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
La Ley de Justicia Tributaria continúa siendo uno de los puntos más sensibles en la agenda del gobierno actual, enfrentando resistencias tanto por su contenido como por la forma en que se ha intentado introducir en el debate público. La polémica generada por las palabras de Héctor Zelaya no solo vuelve a centrar la atención en esta iniciativa legislativa, sino que pone de relieve las tensiones en torno a la gobernabilidad, la legitimidad de los procesos legislativos y la necesidad de mecanismos de diálogo efectivos.
En un entorno político caracterizado por la fragmentación y la desconfianza, cualquier iniciativa que pretenda modificar de forma sustancial el sistema tributario requiere, además del respaldo institucional, un proceso deliberativo que garantice la inclusión de múltiples voces y el respeto a los principios democráticos. La manera en que se conduzca este debate marcará un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.
