Iglesias bajo ataque: la estrategia política de Rixi Moncada

En un escenario político ya marcado por la polarización, la candidata presidencial del oficialismo hondureño, Rixi Moncada, generó una nueva controversia al cuestionar abiertamente el rol de las iglesias en el país. Las declaraciones, realizadas durante un acto partidario, provocaron reacciones inmediatas de líderes religiosos y sectores ciudadanos, que calificaron sus palabras como una afrenta al papel histórico de las instituciones eclesiásticas en la vida pública hondureña.

El incidente se añade a una secuencia de conflictos anteriores entre el partido en el poder y varios sectores sociales, en un contexto electoral que progresa con marcadas diferencias ideológicas y un aumento de críticas sobre la gestión del debate político.

Pronunciamientos en el foco de la discusión

En una transmisión en redes sociales, Moncada mencionó que las iglesias «guardan silencio ante las desigualdades sociales» y «sirven a los intereses del poder económico». Estos comentarios fueron vistos como una crítica directa al papel que desempeñan las instituciones religiosas en el panorama político y social de Honduras.

Estas afirmaciones provocaron una respuesta rápida de parte de líderes de diversas religiones. El pastor Marco Tulio López, del Concilio de Iglesias Evangélicas, señaló que “la fe no se somete al poder político ni económico”, y resaltó que “lo que realmente doblega a un país es el odio encubierto como justicia”, refiriéndose claramente a la posición de la candidata del oficialismo.

Dentro del campo católico, el portavoz del clero de la capital, padre Luis Javier Mejía, manifestó igualmente su inquietud por lo que ve como un uso indebido de la religión dentro del discurso político. «La Iglesia siempre ha estado al lado del pueblo. Pero no vamos a tolerar que se nos utilice como objetivo de campañas ideológicas», afirmó.

Respuestas de la población y apelos al respeto de las instituciones

La controversia no solo movilizó a líderes religiosos, sino que también se extendió con fuerza en redes sociales, donde múltiples voces exigieron respeto al derecho a la libertad de culto y al papel de las iglesias como espacios de cohesión comunitaria y mediación en tiempos de crisis.

Una de las ideas más difundidas es la de un especialista en política que, mediante la plataforma social X, afirmó: “Cuando un postulante arremete contra la creencia popular, demuestra más su falta de tolerancia que su plan”.

Ante el aumento de la presión social, tanto la Conferencia Episcopal como la Confraternidad Evangélica emitieron comunicados instando a un respeto mutuo entre las instituciones religiosas y los actores políticos. En sus declaraciones, destacan la relevancia de no transformar a las iglesias en objetivo de estrategias de campaña en un contexto donde la población exige soluciones a los problemas estructurales del país.

Un ambiente electoral caracterizado por la disputa

La disputa entre la candidata oficialista y los grupos religiosos tiene lugar en un contexto en el que han emergido discursos conflictivos por parte de representantes del partido Libertad y Refundación (LIBRE), gobernando desde 2022. De acuerdo con analistas políticos, estas manifestaciones podrían ser parte de una táctica de movilización polarizada destinada a fortalecer el apoyo al oficialismo, aunque perjudicando el diálogo con otros sectores de la sociedad.

Esta situación ha estado acompañada de un aumento en la frustración de los ciudadanos debido a los problemas estructurales persistentes como la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Según algunos expertos, el enfoque en discusiones ideológicas o simbólicas podría estar desviando la atención de los temas prioritarios para la sociedad.

Una presión que destaca retos de administración

La controversia alrededor de las afirmaciones de Rixi Moncada indica una tensión más profunda en relación con el papel de las instituciones tradicionales, como las iglesias, dentro del presente ciclo político en Honduras. Al cuestionar su función como mediadores sociales, el gobierno se arriesga a debilitar áreas que históricamente han ayudado a mitigar conflictos y promover el diálogo en situaciones de crisis.

En este marco, el episodio deja en evidencia los retos que enfrenta el proceso electoral: lograr que el debate público se oriente hacia propuestas concretas, sin deteriorar los vínculos entre actores clave de la vida institucional. La forma en que se manejen estas tensiones será determinante para la estabilidad democrática en el camino hacia las urnas.

Por Jaime Navarro