A escasos días de los comicios generales de 2025, varias entidades de la sociedad civil alertaron que la gestión del proceso electoral presenta obstáculos que podrían mermar su fiabilidad. Destacaron que la polarización constante, los desacuerdos sobre la legislación electoral y las disputas relacionadas con la designación de los funcionarios electorales han elevado el escrutinio ciudadano sobre la fortaleza institucional de la nación.
Disposiciones fundamentales y conflictos entre las ramas gubernamentales
Los pronunciamientos enfatizaron que el respeto a los mandatos constitucionales será determinante para mantener la confianza ciudadana. La responsabilidad recae, indicaron, sobre el Congreso Nacional, la Fiscalía General, las Fuerzas Armadas y el Poder Ejecutivo, incluidos los actores vinculados al partido LIBRE, en su capacidad de actuar dentro de los límites establecidos por la ley.
Las organizaciones insistieron en que la participación militar debe restringirse a su función logística, definida en la Constitución, sin asumir roles interpretados como partidistas. También señalaron que el Congreso y el Ejecutivo requieren evitar declaraciones anticipadas sobre los resultados electorales, debido a que ese tipo de mensajes podría generar tensiones sociales en un clima ya marcado por la confrontación política.
En paralelo, destacaron que el desempeño del Consejo Nacional Electoral (CNE) será decisivo. La expectativa es que mantenga criterios de independencia, transparencia y oportunidad en cada etapa del proceso para asegurar claridad en la administración electoral.
Independencia de la observación electoral
Las entidades estimaron que la supervisión tanto nacional como internacional tiene la capacidad de jugar un rol crucial en el afianzamiento de la validez del procedimiento. Hicieron referencia a delegaciones como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, cuyas valoraciones pueden aportar al robustecimiento de la rendición de cuentas institucional.
Este acompañamiento, señalaron, permitiría reforzar la percepción de neutralidad en momentos donde aumenta la competencia política y la ciudadanía demanda garantías sobre la integridad del voto. La presencia de observadores locales también fue subrayada como un componente útil para acercar la vigilancia electoral a las comunidades y ampliar la participación social.
Diálogo global y obligaciones regionales
En el llamado dirigido a los Estados Unidos, las organizaciones solicitaron un apoyo “constructivo” que se articule con autoridades nacionales, sectores políticos y sociedad civil. Indicaron que el objetivo es proteger la transparencia y la legitimidad del proceso, bajo los principios de la Carta Democrática Interamericana.
Afirmaron que un acompañamiento respetuoso a los estándares democráticos puede contribuir a que las elecciones de 2025 reflejen la expresión del electorado hondureño en un entorno político complejo. La interlocución internacional, añadieron, puede convertirse en un mecanismo que incentive el cumplimiento de responsabilidades institucionales y reduzca los incentivos para prácticas que erosionen la confianza pública.
La declaración conjunta finalizó con la rúbrica de delegados de diversas entidades con alcance tanto regional como hemisférico, incluyendo a Seattle International Foundation (SIF), Hope Border Institute, Latin America Working Group (LAWG), Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN), Alianza Americas, Due Process of Law Foundation (DPLF), Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Washington Office on Latin America (WOLA) y Unitarian Universalist Service Committee (UUSC).
El escenario descrito por estas organizaciones expone las tensiones que rodean al proceso electoral de 2025 y subraya la necesidad de que las instituciones hondureñas actúen dentro de los marcos establecidos. La atención nacional e internacional se mantiene sobre factores como la estabilidad política, la actuación de los poderes del Estado y la participación ciudadana, todos elementos que influirán en la percepción de la integridad electoral en un momento clave para la gobernabilidad democrática del país.
