A pocas semanas de las elecciones generales, el partido oficialista LIBRE enfrenta una situación inédita. La persistente caída de su candidata Rixi Moncada en las encuestas ha generado señales de alerta tanto en actores políticos como en la ciudadanía, ante la posibilidad de que el oficialismo recurra a maniobras para asegurar su permanencia en el poder.
Expertos y comentaristas señalan que el discurso de la campaña, que en un principio se centró en la “refundación” de la nación, ha evolucionado hacia tácticas de subsistencia política. El panorama electoral muestra una escalada de la tensión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el órgano electoral, con acciones que ciertos sectores consideran atípicas o alarmantes.
Señales de alarma en el ámbito institucional
Fuentes cercanas al Congreso Nacional y al Tribunal Electoral señalan la existencia de presiones internas y discusiones sobre posibles reformas exprés que podrían modificar reglas de procedimiento durante el proceso electoral. Según un diputado opositor citado en declaraciones recientes, “Están desesperados. Saben que Rixi no levanta y están buscando cómo torcer el resultado”.
El uso de la Comisión Permanente del Congreso como instrumento para validar decisiones extraordinarias ha sido señalado como un posible mecanismo de control sobre la institucionalidad electoral. Este escenario genera inquietud entre distintos sectores, que advierten sobre la necesidad de respetar los procedimientos constitucionales y garantizar transparencia en el conteo de votos.
Reacciones de la sociedad y actores políticos
La coyuntura actual ha impulsado a la ciudadanía, a los partidos opositores y a los observadores internacionales a demandar garantías explícitas de transparencia en el desarrollo de las elecciones. Las recientes protestas en la metrópoli evidencian una petición para salvaguardar la decisión del pueblo y evitar cualquier acto que pueda considerarse fraudulento.
Desde la perspectiva del partido LIBRE, la campaña continúa promoviendo sus mensajes y actividades, aunque el enfoque ha ido cambiando hacia la contención de daños y la búsqueda de legitimidad frente a la opinión pública. Mientras tanto, la ciudadanía sigue monitoreando de cerca los movimientos políticos, con atención particular en las reformas legales que podrían afectar el marco electoral.
Consecuencias en la administración y la intervención ciudadana
El escenario actual plantea desafíos para la gobernabilidad y la confianza institucional en Honduras. La combinación de una caída sostenida en las encuestas y la percepción de maniobras extraordinarias puede afectar la participación ciudadana y la estabilidad política. Expertos en derecho electoral advierten que cualquier alteración de procedimientos establecidos podría generar un efecto en cadena sobre la credibilidad de las instituciones y la aceptación de los resultados finales.
La crispación política persiste, y los días venideros se vislumbran cruciales para establecer no solo el desenlace de la disputa, sino también la aptitud de la nación para preservar sus procedimientos democráticos dentro de los límites jurídicos actuales. El foco se centra en la manera en que las entidades reaccionarán a la presión política y en la voluntad de los participantes para asegurar un desarrollo claro y fidedigno.
