La Propuesta de Ley de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las posibles consecuencias en la economía y la producción nacional. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se plantea como un mecanismo para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de distintas maneras por diversos agentes económicos y sociales.
El plan incluye la abolición de esquemas de exención impositiva, el incremento de los impuestos y otorgar más flexibilidad al gobierno en la gestión de incentivos financieros. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como una indicación negativa para la inversión y la manufactura, lo que ha provocado incertidumbre y preocupación en el contexto económico de Honduras.
Repercusiones en la inversión privada y el empleo
Diversos sectores empresariales, asociaciones comerciales y capitalistas tanto nacionales como internacionales han expresado que la legislación propuesta podría tener consecuencias negativas para la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advierte que la aprobación de la ley tal como está podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Además, empresas de zonas de libre comercio y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir su presencia, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que el borrador de la normativa fue presentado, se ha informado acerca de la clausura de pequeñas y medianas compañías, concentrándose en mayor medida en los sectores de textiles, logística y exportación, operando previamente con exenciones tributarias. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir plantilla, aludiendo a la falta de certeza fiscal como uno de los motivos principales. Esta circunstancia amenaza con poner en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el proyecto no sufre alteraciones o es paralizado. El COHEP también advierte que la economía podría enfrentar una desaceleración significativa en el año posterior a que la normativa entre en vigencia, y que el alza en el desempleo y la informalidad se convertirían en consecuencias ineludibles de su implementación.
Situación regional, política y discusión sobre la equidad fiscal
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria también se desarrolla en un contexto regional y político particular. La eliminación de incentivos fiscales podría alejar a Honduras de las políticas que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener regímenes de atracción de inversiones y estabilidad fiscal, considerados factores clave para su competitividad. Esta situación podría afectar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desincentivando tanto a nuevos inversionistas como a los ya establecidos, quienes podrían optar por trasladar su capital a países con condiciones más favorables para el desarrollo empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la perspectiva del proyecto, puesto que ciertos grupos empresariales consideran que el discurso oficial del gobierno es opuesto al sector empresarial y está en sintonía con modelos económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible remodelación del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El plan no introduce nuevas contribuciones ni eleva las tasas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la captación de impuestos directos de grandes compañías y patrimonios, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación tributaria. No obstante, la supresión de esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este régimen. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
El debate en torno a la Ley de Equidad Fiscal sigue en marcha y es un tema divisivo. Algunos opinan que esta ley podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros señalan que su implementación podría intensificar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar la fuga de inversiones. La resolución que tome el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
