A cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a una situación delicada caracterizada por rupturas internas, señalamientos de corrupción y una caída significativa en las preferencias de los votantes. En un panorama electoral cada vez más impredecible, el deterioro constante del partido gobernante pone en riesgo su continuidad en el gobierno.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La designación de Rixi Moncada como la aspirante oficialista hizo evidentes las tensiones latentes en LIBRE. La renuncia subsecuente del legislador Jorge Cálix, un personaje con experiencia dentro de la organización, puso de manifiesto los serios desacuerdos relacionados con la dirección política y el modo de liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron de la agrupación, acusó prácticas autoritarias y un ambiente de exclusión.
En respuesta, los líderes del partido llamaron a manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada, y han sido vistas por varios sectores como esfuerzos por mantener el control político en un ambiente desafiante.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró tras conocerse las supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las que legisladores cercanos al gobierno fueron acusados de malversar recursos destinados a programas sociales. El caso más significativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue comunicada junto a la cancelación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en masa del partido al fuero legislativo.
A pesar de que estas decisiones parecen ser definitivas, grupos opositores, especialmente el Partido Nacional, las describieron como tácticas simbólicas para distraer la atención. Según lo expresado por sus portavoces, las medidas del gobierno no han resultado en sanciones concretas ni en investigaciones efectivas que aseguren la rendición de cuentas.
Descontento del sector privado y llamados a frenar el deterioro institucional
Las críticas no han estado confinadas al ámbito político. Desde el campo empresarial, importantes voces han expresado sus preocupaciones acerca de la dirección del país. En una reciente declaración pública, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó directamente al gobierno de haber traicionado el mandato de la ciudadanía mediante acciones que, según él, comprenden nepotismo, manejo discrecional de fondos públicos y falta de claridad en casos destacados como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Caída en los sondeos y rediseño del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
