Han pasado más de 18 meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción continua, lo cual ha avivado el debate sobre la eficacia de esta política en el marco de la seguridad nacional.
Desde que fue aprobado en diciembre de 2022, el estado de excepción se propuso como una solución rápida para afrontar el control territorial ejercido por maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su aplicación constante por más de 18 meses junto con las sucesivas extensiones no han conseguido frenar acontecimientos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que impactan directamente en sectores estratégicos de la economía y la vida diaria.
Persistencia del delito y percepciones ciudadanas
Varios reportes de entidades sociales y cifras de las fuerzas de seguridad indican que las bandas delictivas mantienen una notable habilidad para amedrentar, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Empresarios, conductores y habitantes persisten en reportar extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado mantiene fuerzas militares y policiales bajo el régimen de excepción.
Dirigentes comunitarios, como uno consultado en Tegucigalpa, han expresado que “la población sigue aterrada” y que no se perciben mejoras sustanciales en la seguridad. Estas voces advierten que la delincuencia mantiene el control en barrios enteros, mientras que las autoridades presentan cifras que no reflejan la realidad en las calles, lo que ha alimentado la desconfianza pública.
Cuestionamientos al enfoque gubernamental
El estado de excepción fue concebido como una medida extraordinaria contra el crimen organizado, con facultades especiales para la intervención de las fuerzas de seguridad. No obstante, su implementación ha recibido críticas por su carácter prolongado y la ausencia de una estrategia integral.
Reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) junto con entidades mundiales han destacado un aumento en las quejas acerca de arrestos injustificados y violaciones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad recalcan que la presencia militar sin inteligencia estratégica no ha logrado resultados perdurables ni ha afectado a las organizaciones criminales.
La reacción del Estado ha sido más autoritaria que táctica, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido establecer un modelo de intervención basado en la prevención, la justicia y la colaboración institucional.
Demandas por una estrategia completa de seguridad
Dado el mantenimiento del estado de excepción y la persistencia de las extorsiones, uno de los crímenes con mayor repercusión en la economía informal, el transporte público y la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
El incremento de casos de extorsión continúa y, a pesar de la detención ocasional de presuntos líderes, estas medidas no han generado un impacto preventivo duradero. De acuerdo con declaraciones obtenidas en la prensa local, numerosas personas afectadas eligen callar o trasladarse por la ausencia de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión de la estrategia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, organizaciones de la sociedad civil y colaboración internacional. “Honduras no necesita más espectáculos mediáticos. Necesita resultados auténticos”, afirmó un representante del sector empresarial, al reclamar claridad y responsabilidad en cuanto al empleo de medidas extraordinarias.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La extensión del estado de excepción sin una evaluación pública de sus resultados muestra las tensiones entre la premura por controlar la violencia y la importancia de mantener el orden democrático y proteger los derechos fundamentales. En una nación caracterizada por instituciones frágiles y una gran desconfianza hacia las autoridades, la seguridad sigue siendo un tema de conflicto entre el Gobierno, los grupos sociales y los ciudadanos.
El reto principal al que se enfrenta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución perdurable que una el control del crimen con una política pública completa, legítima y con participación inclusiva. Por otro lado, la persistencia de la violencia y la sensación de inseguridad mantienen preocupada a una ciudadanía que sigue aguardando respuestas eficientes y sostenibles.
