A pocos días de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, Honduras atraviesa un escenario de alta tensión política que plantea cuestionamientos sobre la libertad de prensa y la neutralidad institucional del proceso electoral. Informes de organismos internacionales y denuncias de sectores ciudadanos señalan un patrón de acoso a periodistas y posibles obstáculos en la logística electoral.
Hostigamiento a periodistas y medios independientes
Más de 30 organizaciones internacionales, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han alertado sobre un incremento de presiones hacia los medios de comunicación independientes. Según estos reportes, se han registrado:
- Manifestaciones de la cúpula militar que señalan a los medios de comunicación por encabezar “campañas mediáticas encubiertas” y de supuestas conexiones con el crimen organizado.
- Iniciativas judiciales orientadas a forzar a los medios a divulgar sus informantes.
- Estrategias de estigmatización, monitoreo digital y coerción legal que pretenden restringir la información crítica.
Organismos como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas han solicitado garantías inmediatas para la libertad de prensa, señalando que el acoso institucional pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a información confiable y a la transparencia democrática.
Presuntas interferencias de las Fuerzas Armadas en la jornada electoral
Paralelamente, figuras destacadas de la oposición y expertos han señalado posibles intervenciones de las Fuerzas Armadas que podrían comprometer la equidad del proceso electoral. Entre las acusaciones se encuentran:
- Retrasos en la coordinación de actividades y en la asignación de funciones logísticas esenciales.
- Mensajes públicos de carácter ambiguo que generan desconfianza sobre la neutralidad institucional.
- Omisiones en tareas clave que algunos sectores interpretan como un boicot indirecto.
Especialistas en la seguridad de los comicios han alertado que hasta la más leve impresión de favoritismo podría socavar la confianza en los desenlaces. En este contexto, la bancada opositora ha demandado una supervisión intensificada durante el transporte del material de votación, un período catalogado como uno de los más delicados del proceso, en el que la intervención militar resulta fundamental.
Repercusiones institucionales y demandas internacionales
El conjunto de amenazas hacia la prensa y la posible interferencia militar refleja un clima de tensión institucional que pone a prueba la gobernabilidad y la confianza en los organismos electorales. La comunidad internacional y la sociedad civil han reiterado sus solicitudes al Estado para:
- Asegurar la completa claridad en el desarrollo de los comicios.
- Observar rigurosamente el rol imparcial de las Fuerzas Armadas.
- Proporcionar un ambiente protegido para los reporteros y las empresas informativas.
Analistas coinciden en que la situación actual representa uno de los episodios de mayor tensión para la prensa y la credibilidad electoral desde el retorno de la democracia en Honduras. Los incidentes serán documentados y monitoreados por organismos internacionales, enfatizando la importancia de que las instituciones cumplan con su deber de imparcialidad y de protección de los derechos ciudadanos.
