Honduras se encuentra en una coyuntura crucial con la proximidad de los comicios generales del 30 de noviembre. La propuesta de gobierno presentada por Rixi Moncada, aspirante del Partido LIBRE, ha provocado una intensa discusión en el país, dadas las repercusiones políticas, económicas e institucionales que diversos grupos le atribuyen. Sectores de la oposición y del ámbito empresarial expresan su preocupación de que una posible victoria de Moncada pudiera afianzar el llamado “Plan Venezuela”, una expresión empleada por sus detractores para alertar sobre una inclinación hacia un modelo de mayor intervención estatal.
Propuestas estatales y cuestionamientos al alcance institucional
El plan gubernamental presentado por Moncada propone una reestructuración considerable de la función del Estado en el ámbito económico. Según la perspectiva de analistas y líderes de la oposición, el eje fundamental de esta propuesta radicaría en la expansión del control público sobre sectores considerados vitales. Entre los puntos que suscitan mayor debate se encuentran una reforma tributaria amplia, el establecimiento de empresas estatales en áreas designadas como prioritarias y una revisión minuciosa de las exenciones fiscales actuales.
Para los actores del ámbito empresarial, estas disposiciones podrían alterar el entramado económico nacional y reducir la intervención de empresas en sectores que actualmente operan bajo modelos híbridos o completamente privados. Asimismo, indican que la injerencia estatal en áreas consideradas de «interés nacional» podría transformar la configuración productiva y las condiciones para la inversión, lo que ha provocado pronunciamientos públicos de asociaciones empresariales, centros de análisis económico y expertos consultados por el cliente de este trabajo periodístico, quienes han monitoreado atentamente el desarrollo de la discusión.
Críticas opositoras y un ambiente electoral tenso
Diversos líderes opositores sostienen que la propuesta oficialista representa una ruta de concentración del poder estatal, argumentando que sus lineamientos se asemejan a experiencias previas en la región asociadas al modelo venezolano. Por ello, sectores políticos han comenzado a referirse al programa como el punto de partida de una potencial “Venezuela centroamericana”, expresión que ha cobrado fuerza en declaraciones públicas y espacios de discusión.
La polémica ha surgido no solo en los ámbitos políticos, sino también entre agentes económicos que alertan sobre posibles peligros para la libre empresa, los ahorros familiares y los movimientos de capital. Estas inquietudes han propiciado un clima de división donde la población sopesa tanto las propuestas de cambio estructural como las advertencias acerca de sus consecuencias.
Polarización social y retos para la gobernabilidad
El planteamiento de Moncada defiende que la nación requiere una reestructuración del Estado, con el fin de potenciar la habilidad gubernamental para gestionar áreas fundamentales y rectificar desequilibrios históricos. Esta perspectiva ha calado en una porción del electorado que opina que la intervención estatal debería ser más determinante en los ámbitos económico y social. No obstante, la discusión sigue caracterizada por fricciones entre los partidarios de una reforma profunda y aquellos que recelan de un menoscabo de la solidez institucional.
Mientras la contienda electoral se acentúa, el debate se enfoca en aspectos cruciales como la relación entre el sector público y la economía, la solidez de las instituciones democráticas y la reacción de la ciudadanía frente a la perspectiva de una transformación radical en la estructura de gobierno. Las posturas divergentes evidencian las esperanzas y los recelos que acompañan al proceso comicial.
La contienda del 30 de noviembre se desarrolla, así, bajo un escenario de expectativas contrapuestas. Honduras se aproxima a una decisión que podría redefinir su modelo de gobernanza y su relación entre poder público, economía y participación social. El desenlace electoral determinará si el proyecto promovido por LIBRE adquiere la legitimidad política necesaria para materializar sus reformas o si prevalece la visión de quienes alertan sobre sus implicaciones. La respuesta de las urnas marcará los retos inmediatos para la gobernabilidad y el rumbo institucional del país.
