Con menos de medio año para las elecciones generales en Honduras, varios expertos han presentado una propuesta clara para mejorar la transparencia en el proceso electoral: incluir sistemas de geolocalización GPS en todas las valijas que llevarán el material electoral. Esta acción tiene como objetivo asegurar el monitoreo en tiempo real de los paquetes desde que salen del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que regresan para el conteo de votos.
La propuesta emerge en un ambiente caracterizado por la falta de confianza pública y las crecientes tensiones políticas, donde varios grupos han mostrado inquietud frente a una posible erosión de las seguridades institucionales y una situación poselectoral complicada.
Plan técnico con contexto regional
El enfoque, avalado por especialistas en tecnología electoral, incluye la utilización de dispositivos GPS para seguir cada maleta a lo largo de todo el proceso logístico. Según el ingeniero de sistemas Marvin Mejía, esta aplicación permitiría tener conocimiento exacto del recorrido de los materiales y identificar cualquier desvío o retraso que pueda poner en riesgo la cadena de custodia.
Experiencias comparables se han implementado en elecciones de naciones como México, Colombia y República Dominicana. En dichas situaciones, el empleo del GPS ha estado enfocado en evitar incidentes como pérdidas, modificaciones del contenido o movimientos no autorizados.
Desde un punto de vista operativo, los expertos indican que la tecnología es económica —con equipos tasados entre 15 y 30 dólares— y se adapta fácilmente a los sistemas de seguimiento móviles, lo cual permitiría el acceso a tanto fiscales de partidos como a observadores tanto nacionales como internacionales.
Demandas desde la sociedad civil
La iniciativa ha sido adoptada como una demanda por organizaciones civiles dedicadas a la supervisión de elecciones. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han instado al Consejo Nacional Electoral a incluir urgentemente esta tecnología en su presupuesto y a establecerla como un elemento esencial del proceso.
Las organizaciones afirman que esta medida ayudaría a restablecer la confianza en la gestión del proceso electoral, debido a las frecuentes denuncias de irregularidades en las recientes elecciones. De esta manera, piensan que rechazar la implementación de este mecanismo podría ser visto como una falta de disposición institucional para asegurar unas elecciones transparentes.
“Si el CNE se rehúsa, estaría transmitiendo el mensaje más negativo: que no desea que la ciudadanía observe lo que sucede entre la urna y el acta”, afirmó un abogado experto en derecho electoral relacionado con las iniciativas de vigilancia ciudadana.
Ambiente político y preocupaciones de estafa
El debate tiene lugar en un contexto de intensificada división política, con diversos grupos opositores y actores sociales advirtiendo sobre el escenario en el que se llevará a cabo el siguiente evento electoral. Algunos de los factores que incrementan esa inquietud incluyen la continuidad del estado de excepción, que limita ciertos derechos básicos, y la acumulación de poder que, según varias opiniones, podría estar reduciendo los controles democráticos.
Dirigentes opositores han señalado que los espacios de fiscalización institucional están siendo reducidos, lo que “a su juicio” podría abrir la puerta a manipulaciones logísticas o alteraciones fuera del escrutinio público. “Una elección no se gana en las urnas si las maletas son manipuladas en la sombra”, sostuvo una fuente internacional con experiencia en observación electoral, citada por medios locales.
Ante esta situación, los defensores argumentan que supervisar mediante GPS sería una opción económica que podría reducir los riesgos de desconfianza o conflictos después de las elecciones. La asesora electoral Karen Pineda destacó que «es un gasto mínimo en comparación con el costo de una crisis electoral posterior».
Un desafío de institucionalidad y confianza
La iniciativa de integrar GPS en las maletas electorales resalta los retos que Honduras enfrenta en términos de confianza del público e integridad en el proceso electoral. En una situación donde las condiciones institucionales están bajo escrutinio, la discusión sobre estas medidas toma una dimensión que va más allá de lo técnico.
A medida que se aproxima el día de las votaciones, el sistema político de Honduras enfrenta un dilema crucial: fortalecer sus métodos de control y transparencia, o seguir funcionando en un entorno lleno de sospechas y conflictos. La reacción del CNE a esta propuesta será vista como una señal del compromiso institucional con la legitimidad del proceso.
