En un contexto de creciente polarización institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, planteó la posibilidad de expulsar a diputados de la oposición y establecer un órgano legislativo paralelo si persiste el bloqueo a las iniciativas del oficialismo. Las declaraciones, pronunciadas durante una sesión en el hemiciclo, provocaron una ola de reacciones críticas por parte de las bancadas opositoras y diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte con acciones excepcionales
Luis Redondo, quien preside el Legislativo y es miembro del partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento por lo que percibe como un bloqueo constante de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo político. “No podemos seguir tolerando que una minoría perjudique el mandato del pueblo”, declaró, añadiendo que se implementarán “acciones firmes” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los bloques opositores al gobierno actual y propuso que una alternativa sería la «limpieza» del Parlamento. Aunque no especificó métodos legales o procedimentales, su advertencia incluyó la formación de un Congreso paralelo si las circunstancias actuales impiden progresar con la agenda legislativa del Ejecutivo.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.
Con el mismo enfoque, el abogado experto en derecho constitucional Juan Carlos Barrientos enfatizó sobre la ilegalidad de fundar un organismo legislativo paralelo, afirmando que una acción de este tipo iría en contra de los fundamentos del Estado de derecho. Desde su perspectiva, la amenaza pone en riesgo los equilibrios institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una severa crisis institucional.
Tensiones legislativas y llamados a la observación internacional
La alerta de Redondo se añade a una serie de eventos recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentran la aprobación de leyes sin la validación de las actas correspondientes y el empleo de procedimientos legislativos polémicos, como reuniones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controversiales ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y forma.
Expertos en política detectan un cambio hacia una táctica confrontativa del gobierno, buscando dejar a la oposición en soledad antes del proceso electoral general. Advierten que esta situación podría llevar a escenarios de inestabilidad institucional, fuera de los cauces legales establecidos por la Constitución.
Frente a esta situación, diferentes figuras políticas y sociales han solicitado la participación o el monitoreo permanente de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un pronunciamiento conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una legislación, sino la propia continuidad de la división de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en disputa y el desafío de la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Parlamento inician un capítulo novedoso en la complicada interacción entre el partido gobernante y los grupos opositores en Honduras. La advertencia de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un punto decisivo en la convivencia política nacional, con consecuencias que van más allá de lo meramente legislativo.
El conflicto vigente ilustra los desafíos continuos de la gobernanza dentro de un contexto donde las fricciones entre poderes, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance de la democracia. En este entorno, la función de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en piezas clave para mantener el equilibrio entre la representación política y el cumplimiento de las normas del Estado de derecho.
