En Honduras, la polémica en torno a la campaña gubernamental de «las 10 familias» ha generado un intenso debate sobre la relación entre el gobierno y el sector empresarial. Diversos actores de la sociedad civil, gremios empresariales y líderes de opinión han expresado su preocupación por lo que consideran una narrativa de confrontación promovida por el gobierno de Xiomara Castro. Esta campaña, que señala a ciertos grupos empresariales como responsables de los problemas económicos del país, ha sido criticada por poner en riesgo la seguridad de los empresarios, polarizar el ambiente político y dañar la confianza en la inversión privada.
En este escenario, la congresista Beatriz Valle ha levantado su voz para cuestionar la eficacia de esta táctica gubernamental. Valle critica el discurso repetitivo y polarizador contra las «10 familias«, argumentando que, si el gobierno realmente cree que hay privilegios fiscales injustos, tiene el poder de eliminarlos sin necesidad de recurrir a campañas públicas confrontativas. Sus comentarios han resonado fuertemente en el ámbito político, donde aumentan las críticas por la falta de resultados concretos en el ámbito económico y de gobernabilidad.
Opiniones sobre la estrategia del gobierno y sus posibles efectos
Algunas partes han interpretado la iniciativa de «las 10 familias» como un intento de desviar el foco de las deficiencias actuales del gobierno en temas económicos y de seguridad. Tanto empresarios como activistas de derechos humanos alertan que tales discursos pueden acarrear efectos perjudiciales, como los ocurridos en naciones donde el fomento de la división social desde el gobierno ha resultado en persecuciones políticas, confiscaciones y problemas económicos. Se destaca que ya hay indicios de amenazas individuales, campañas difamatorias en plataformas digitales y acusaciones infundadas que perjudican a quienes generan empleo.
Dirigentes empresariales han expresado su inquietud por el efecto adverso que este entorno está teniendo en la economía del país. Se informa de la paralización de nuevas inversiones, anulación de proyectos de ampliación y movimiento de capital hondureño al exterior. Existe el miedo de que, si el gobierno sigue responsabilizando al sector privado de sus propios fallos, se podría destruir lo poco que aún opera en la economía. Frente a esta realidad, se insta al gobierno a poner fin a estas campañas que dividen y a promover un diálogo nacional productivo.
La invitación a actuar y la demanda de resultados tangibles
La congresista Beatriz Valle ha mostrado gran desaprobación hacia la ausencia de medidas tangibles por parte del gobierno, a pesar de que controla los tres poderes del Estado. La representante del legislativo se pregunta por qué no se actúa legalmente contra quienes son señalados por corrupción o abuso, en vez de limitarse a repetir un discurso desgastado. Su petición es cesar el fomento del odio entre los ciudadanos hondureños y concentrarse en solucionar los problemas auténticos del país.
Las palabras de Valle han sido vistas como un momento decisivo en la discusión política, donde incluso miembros del gobierno empiezan a mostrar su insatisfacción debido a la falta de logros concretos en sectores cruciales como la economía, la justicia y la gobernanza. La demanda es evidente: se requieren respuestas y no adversarios ficticios. La población en Honduras reclama una dirección diferente que enfoque en el diálogo, el desarrollo económico y la estabilidad, en vez de la lucha y la separación.
