A medida que se aproxima la fecha de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el proceso electoral hondureño se enfrenta a nuevos cuestionamientos que agravan el clima de desconfianza institucional. Dirigentes políticos, juristas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado una escalada de presiones y actos de intimidación contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), atribuidos a sectores vinculados al oficialismo, en particular al partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Alegaciones de influencia política sobre la entidad electoral
Las acusaciones señalan que LIBRE estaría desarrollando una estrategia para debilitar la independencia del órgano electoral mediante ataques sistemáticos y una campaña de deslegitimación pública. Según estas versiones, los magistrados del CNE han sido objeto de discursos hostiles, intentos de coacción y campañas de desinformación, todo con el objetivo de influir en las decisiones técnicas y administrativas relacionadas con el proceso electoral.
La legisladora Maribel Espinoza señaló que estas medidas son parte de un plan más grande para generar desconfianza en las instituciones, lo que podría justificar la manipulación de los resultados de las elecciones. “Están ejerciendo presión sobre la autoridad electoral porque son conscientes de que los sondeos no les son favorables”, declaró en comunicados dirigidos a la prensa local.
Plataformas ciudadanas han difundido mensajes advirtiendo acerca de potenciales intentos intencionados de dañar la estructura institucional. Según estas organizaciones, la presión aplicada al CNE podría poner en riesgo la equidad y claridad del procedimiento, en un entorno donde la polarización política ha reducido los márgenes de acuerdo entre actores importantes.
Riesgos de erosión institucional y llamados a observación internacional
Entre los elementos identificados como inquietantes están las presiones para modificar las decisiones internas del CNE, las campañas digitales destinadas a desprestigiar a sus integrantes, y la carencia de garantías institucionales que aseguren el ejercicio independiente de sus funciones. Esta circunstancia ha llevado a varios sectores a pedir la llegada anticipada de misiones de observación internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y entidades especializadas en derechos humanos.
Para la experta en derecho constitucional Lidia Meza, la situación política actual demuestra la urgencia de fortalecer los mecanismos de resguardo institucional antes de que el conflicto aumente. “El sistema electoral no debe ser dominado por intereses de partidos. La nación requiere seguridad, no advertencias”, afirmó, destacando la relevancia de tener apoyo internacional como un factor disuasorio ante potenciales interferencias.
Estas inquietudes se agregan a una cadena de tensiones acumuladas en este año de elecciones, donde también se han reportado obstrucciones en el Consejo Nacional Electoral, presiones de grupos oficialistas y dificultades para que las empresas proveedoras presenten sus propuestas técnicas relacionadas con el sistema de transmisión de resultados (TREP).
Un enfrentamiento bajo cada vez más observación
Las denuncias recientes sobre presiones contra el CNE amplían el foco de atención sobre las condiciones en que se celebrarán las elecciones generales. El señalamiento de LIBRE como actor central en estas maniobras introduce un nuevo nivel de conflicto en la contienda electoral, con implicaciones directas sobre la credibilidad del proceso.
En este escenario, la función de las organizaciones responsables de asegurar la transparencia electoral junto con el apoyo de la comunidad internacional, resulta fundamental para mantener la legitimidad de las elecciones. La habilidad del CNE para operar de manera autónoma y sin influencias será crucial en un contexto donde la confianza del público está cada vez más debilitada.
Frente a esta situación, la exigencia de claridad, control ciudadano y adhesión a la normativa jurídica involucra no solo a los partidos en competencia, sino también a las entidades responsables de garantizar que el proceso democrático se desarrolle dentro de un marco de justicia e igualdad. Las semanas venideras serán cruciales para ver si el sistema político de Honduras puede frenar el rumbo hacia la confrontación o si se agrava una crisis que podría poner en riesgo la gobernabilidad después del 30 de noviembre.
