Dentro de un panorama de creciente inquietud económica y social, Honduras pasa por una fase en 2025 caracterizada por intensas tensiones estructurales. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) sigue proyectando un crecimiento entre el 3.5 % y el 4 %, este ritmo no se refleja en mejoras significativas para la mayoría de la población, en particular en las áreas rurales y entre los jóvenes. La aparente estabilidad en la macroeconomía se contrasta con un ambiente de desempleo, subempleo e inseguridad que impacta de manera directa las condiciones de vida de millones de ciudadanos.
Inestabilidad en el empleo y marginación de los jóvenes
El panorama del empleo sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Con base en información actual, más de 386.000 individuos han dejado de buscar activamente empleo, mientras que aproximadamente 1.6 millones trabajan en situaciones de informalidad o subempleo, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales asegurados. Esta situación revela un mercado de trabajo altamente dividido, donde la mayoría se encuentra al margen de la economía formal.
El desempleo entre los jóvenes llega a cifras alarmantes. Se calcula que más de 750.000 jóvenes están sin empleo y que otros 150.000 podrían sumarse a este número en el transcurso del año. Esta situación no solo fomenta la migración, sino que también refuerza las dinámicas de exclusión que impactan en la cohesión social, debilitando los mecanismos de integración y participación.
Además, está el efecto de los ingresos bajos. El precio de la canasta básica es aproximadamente de 15.500 lempiras al mes para una familia típica, cantidad fuera del alcance para una gran parte de los ciudadanos, especialmente cuando el 40 % de las compañías no paga el salario mínimo.
Aumento de la inflación y disminución del poder de compra
La tasa de inflación anual ronda el 4.5 %, un dato que, aunque es moderado técnicamente, afecta directamente el consumo doméstico, particularmente en categorías como alimentos, servicios públicos y productos esenciales. En este contexto, el endeudamiento de las familias ha ido incrementándose, minando la capacidad de ahorro y gasto de las clases populares.
La persistencia de la inflación, los salarios insuficientes y el aumento de la informalidad conforman un escenario donde las condiciones de vida empeoran de manera gradual. Esta circunstancia pone de manifiesto las deficiencias del modelo macroeconómico vigente para abordar los retos sociales y de distribución más importantes.
Desplazamiento y deterioro social: indicios de una crisis extendida
La precariedad en aumento se refleja igualmente en el ámbito social. Honduras sigue estando entre las naciones con los índices más altos de violencia en todo el mundo, situación que está fuertemente relacionada con la falta de empleo y oportunidades. Ante este panorama, la migración se ha convertido en una vía de escape frecuentemente utilizada por los hogares hondureños.
Las transferencias familiares, que constituyen cerca del 25 % del PIB, han emergido como un pilar económico vital. No obstante, esta dependencia deja al país vulnerable a elementos externos, tales como las modificaciones en las políticas migratorias de Estados Unidos, que podrían modificar significativamente este flujo de recursos.
Paralelamente, la falta de opciones en el mercado laboral empuja a una parte de la juventud hacia la economía informal o incluso hacia actividades ilícitas, debilitando el tejido comunitario y profundizando la fractura social.
Un modelo económico en conflicto
La discrepancia entre los datos macroeconómicos y el día a día de los hondureños revela las fallas estructurales del modelo económico vigente. Aunque ciertos indicadores, como el incremento del PIB o la relativa estabilidad de la inflación, permanecen estables, no se han convertido en beneficios concretos para la mayoría de los habitantes.
La persistencia del desempleo, la informalidad y la desigualdad plantea desafíos significativos para la gobernabilidad y la cohesión social del país. En este contexto, la respuesta institucional enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su capacidad para articular políticas públicas que atiendan las causas profundas de la exclusión y el deterioro económico. La situación actual pone en evidencia la necesidad de un replanteamiento del enfoque macroeconómico, que priorice la inclusión social, el empleo digno y la redistribución de oportunidades como pilares fundamentales del desarrollo nacional.
