El enojo de los más de 35.000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue aumentando, mientras que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) es objeto de críticas debido a su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman desatención por parte de la entidad responsable de la supervisión financiera y señalan una carencia de reacción tanto en el campo judicial como administrativo.
La omisión de la CNBS ante el fraude
Desde que los primeros indicios de irregularidades en Koriun comenzaron a ser denunciados, la CNBS estuvo al tanto de la situación, pero no tomó medidas eficaces para prevenir la magnitud del fraude. A pesar de recibir advertencias formales, el ente supervisor permitió que la estafa creciera de manera incontrolada durante varios meses. A día de hoy, los responsables del fraude siguen en libertad, y las víctimas continúan sin respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La carencia de claridad y las dudas sobre la impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Variados sectores de la nación han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado pasividad al no ofrecer la información relevante sobre la gestión de la situación. De acuerdo con un abogado defensor de los perjudicados, esta inacción del ente supervisor solo empeora la situación: «Es inaceptable que un ente supervisor no haya identificado a tiempo una estafa de tal magnitud. No solo fracasaron en prevenir, ahora también fallan en asumir su responsabilidad».
Llamados a la intervención internacional
Debido a la falta de respuesta institucional y la creciente insatisfacción entre las personas afectadas, diversos colectivos de víctimas han optado por llevar sus demandas más allá de los límites nacionales. Entidades civiles y damnificados están solicitando de manera formal el respaldo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que estas entidades supervisen la gestión de la crisis y, especialmente, la conducta de las instituciones hondureñas en relación con el escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado tiene la responsabilidad de resguardar a la población, no de proteger a los defraudadores. Esto constituye un doble delito: el que llevó a cabo Koriun y el que perpetúa la CNBS al permanecer inactiva». Esta percepción ilustra la desconfianza hacia la habilidad de las autoridades del país para combatir el fraude y asegurar que se actúe con justicia.
La presión institucional y el reto de la administración
La situación expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de supervisión financiera en Honduras y las tensiones dentro de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la justicia. La falta de respuesta contundente por parte de la CNBS refleja una brecha en la capacidad del Estado para manejar crisis de esta índole, lo que podría tener implicaciones más amplias en términos de confianza en las instituciones financieras y en la gobernabilidad del país.
Las personas perjudicadas continúan aguardando una solución que les deje recuperar lo que han perdido y asegure que los culpables del engaño sean llevados ante la justicia. La ausencia de medidas efectivas y el secretismo en torno al caso resaltan un reto constante para las autoridades en Honduras: cómo restablecer la confianza de la población frente al aumento de la duda en la gestión de crisis similares.
