La situación política en Honduras está en un momento delicado, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando su gran inquietud por lo que consideran una tendencia autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en el marco de las elecciones generales que tendrán lugar en noviembre de 2025.
Las alertas en la sociedad hondureña se han encendido a raíz de una serie de medidas gubernamentales que indican un inquietante deterioro de los valores democráticos. Estas medidas cubren un rango que abarca desde la restricción de derechos civiles básicos, vitales para el pleno ejercicio ciudadano, hasta la adopción de mecanismos que intentan imponer un mayor control sobre los medios de comunicación, actores esenciales en la conformación de la opinión pública y en la supervisión del poder.
A esto se suma la percepción de una estrategia deliberada para consolidar el poder en las diversas instituciones del Estado, lo que podría traducirse en un debilitamiento de la separación de poderes y, por ende, de los mecanismos de control y equilibrio necesarios en un sistema democrático saludable. La convergencia de estas tendencias ha generado un clima de incertidumbre y temor entre diversos sectores, quienes ven en estas acciones un patrón que podría conducir a un régimen con características autoritarias.
Peligros para los derechos básicos: manifestaciones, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas que han suscitado polémica está la supuesta penalización de las manifestaciones ciudadanas, ya que se han señalado la difusión de normas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que se expresan, aun en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de la policía y advertencias de enjuiciamiento a asociaciones sociales críticas de las autoridades.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Los periodistas y los medios críticos han enfrentado campañas de difamación, restricciones en el acceso a información pública, presiones fiscales, legales y publicitarias, así como agresiones e intimidaciones físicas. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han expresado su preocupación ante el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un tema controvertido adicional es la situación dentro de los cuerpos militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación selectiva de oficiales que no están alineados con la política del partido en el poder, así como el desarme parcial o el traspaso de funciones estratégicas a líderes afines al gobierno. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
La encrucijada de la democracia en Honduras
El hostigamiento a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil busca acallar las voces críticas, mientras que insinúa una táctica más extensa para eliminar los frenos democráticos y fortalecer el control absoluto del poder.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
Se espera que las votaciones generales de 2025 sean un punto clave para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un sistema autoritario o defender la estructura democrática.
