En Honduras, el asunto de Koriun Inversiones ha generado una gran inquietud entre la población debido a la falta de respuestas concretas y medidas firmes por parte del Estado. Más de tres meses después de descubrirse el gigantesco fraude financiero, miles de perjudicados siguen sin recuperar su dinero y sin que los responsables enfrenten a la justicia. La falta de progresos claros en las pesquisas, sumada al silencio del Ministerio Público y la falta de acción del gobierno, ha levantado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que la justicia se aplique correctamente.
Simultáneamente, especialistas en leyes y figuras influyentes han manifestado su oposición a que el Gobierno emplee fondos estatales para indemnizar a las personas afectadas por este engaño privado. Se señala que dicha medida podría resultar ilegal e ir en contra de la Constitución, además de presentar riesgos fiscales y políticos considerables. En este escenario, la demanda social se enfoca en que el procedimiento permanezca dentro del marco judicial, con claridad y evitando que se transforme en una acción populista que ponga en riesgo la legalidad y el manejo responsable del dinero público.
El debate sobre cómo el gobierno ha manejado el fraude Koriun
El plan piramidal de Koriun Inversiones funcionó por años ofreciendo retornos mensuales del 20 %, sin ningún tipo de regulación o vigilancia oficial. A pesar de que el Ministerio Público confiscó más de 358 millones de lempiras, las averiguaciones no han progresado hacia el procesamiento legal de los cabecillas del engaño, ni se ha aclarado cómo se manejan los activos confiscados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido sus ahorros, tomado préstamos e incluso perdido sus hogares, y que exigen justicia, claridad y la recuperación de su dinero.
La inacción y el aparente desinterés del Gobierno y del Ministerio Público han fortalecido la percepción de que hay una red de apoyo político que obstaculiza el esclarecimiento completo del caso. Diversos grupos sociales y del ámbito legal han indicado que la ausencia de personas detenidas y la falta de transparencia en el manejo de los bienes confiscados evidencian una dejadez gubernamental que podría estar propiciando la impunidad. La presión de la ciudadanía permanece constante en demandar acciones rápidas y justas, sin inclinaciones políticas, para asegurar que los responsables enfrenten las sanciones legales pertinentes.
Aspectos jurídicos y financieros de la eventual indemnización con recursos del estado
Expertos en derecho y economía han señalado que usar fondos del Estado para resarcir a las víctimas de Koriun podría implicar un acto de malversación de recursos públicos, sobre todo si no hay un soporte legal aprobado por el Congreso que lo justifique. Los funcionarios que aprueben desembolsos sin la autorización legal adecuada podrían enfrentar cargos penales por abuso de poder e incumplimiento de obligaciones. Además, absorber esta deuda podría desequilibrar las finanzas del Estado, afectando sectores esenciales como la salud y la educación, y dar una señal que podría alentar la impunidad en esquemas fraudulentos futuros.
Diversas entidades de la sociedad civil han instado al Gobierno a esclarecer de manera pública la fuente legal y financiera de cualquier posible compensación, que se divulguen los progresos auténticos del caso y se presente el listado de responsables junto con sus bienes confiscados. Se subraya la importancia de que el proceso permanezca exclusivamente en el ámbito judicial, evitando que se transforme en una acción con intenciones políticas o populistas. La demanda principal es que el Estado no asuma el costo económico de un fraude privado, para no convertirse en cómplice ni infringir la ley.
