La aspirante a la presidencia de LIBRE, Rixi Moncada, comunicó que si asume el cargo, promoverá la eliminación de la Central de Riesgos comenzando el 27 de enero de 2026. Esta iniciativa, planteada como una forma de incrementar el acceso al crédito y «democratizar la economía», ha generado un intenso debate político y económico en Honduras, ya que enfrenta opiniones divergentes sobre la viabilidad de las entidades financieras y el efecto en las personas endeudadas.
Una aproximación innovadora en el sector financiero
Moncada sostiene que más de dos millones de hondureños están registrados en la Central de Riesgos y que son tratados como “delincuentes”, lo que, según ella, los margina de oportunidades económicas y de acceso a créditos formales. Su iniciativa apunta a limitar lo que describe como monopolios que operan con tasas de interés elevadas en perjuicio de pequeños productores y emprendedores.
El plan se desarrolla en una historia de confrontación con grupos empresariales y financieros, donde la aspirante de LIBRE intenta posicionarse como opción ante sistemas que percibe como limitadores. Para sus seguidores, la iniciativa significa un recurso de ayuda para familias y empleados agobiados por deudas que no pueden pagar, y a quienes la Central de Riesgos mantiene al margen del sistema crediticio oficial.
Reacciones y advertencias de sectores económicos
Desde el sector técnico, las advertencias surgieron rápidamente. El antiguo presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, describió la propuesta como “insensata” y señaló que involucrar la política en el sistema financiero significa “poner en riesgo los recursos de los hondureños”.
Especialistas en economía entrevistados en medios locales han indicado que la desaparición de la Central de Riesgos, sin implementar un sistema sustituto que mantenga la confianza de las entidades financieras e inversionistas, podría resultar en un aumento del costo del crédito, una disminución en la disponibilidad de préstamos y un debilitamiento de la inversión privada.
Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.
División política y conflictos en la sociedad
La iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por aquellos sectores que consideran a la Central de Riesgos un impedimento para la inclusión económica. Para muchos grupos de la población, el compromiso de Rixi Moncada representa una oportunidad de equidad económica ante años de prácticas financieras que consideran limitantes y excluyentes.
Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.
Una discusión abierta sobre la gestión económica
El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.
El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.
