La reciente publicación de los sondeos electorales ha revelado un marcado descenso para la aspirante de LIBRE, Rixi Moncada, quien figura en una distante quinta posición en la preferencia de voto, superada incluso por los votantes indecisos y por aquellos que optan por “Ninguno”. Este desenlace ha provocado inquietud respecto a la potencial repercusión en la integridad de los comicios en la nación.
Señalamientos de maniobras políticas
Analistas y dirigentes de partidos opositores han señalado la existencia de estrategias por parte del partido LIBRE y del Gobierno para asegurar la permanencia en el poder ante la caída en popularidad de su candidata. Entre las denuncias se mencionan aumentos salariales y bonos selectivos para altos mandos militares, lo que algunos actores políticos interpretan como una forma de influencia sobre las fuerzas armadas en el proceso electoral.
Asimismo, se señala la injerencia sobre el Consejo Nacional Electoral, la alegada alteración de los registros y las barreras en el envío de resultados como factores capaces de menoscabar la credibilidad del sufragio.
Respuesta de los habitantes y observación global
La información divulgada ha provocado un incremento de la observación social y mediática. Los internautas, grupos civiles y observadores internacionales han resaltado la trascendencia de la supervisión y el seguimiento para asegurar la voluntad popular el venidero 30 de noviembre.
La presión también se ha extendido a foros internacionales donde especialistas en gobernabilidad y democracia han alertado sobre los riesgos que implicaría un eventual fraude electoral de gran escala para la estabilidad institucional y la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Repercusiones políticas y orgánicas
La disminución del respaldo a Rixi Moncada en las encuestas ha causado un desequilibrio político, inclinando la balanza hacia la oposición. Esta situación subraya la urgencia de robustecer los sistemas de fiscalización y supervisión electoral, además de asegurar la equidad de los organismos responsables de gestionar las elecciones.
El partido LIBRE enfrenta así un desafío doble: mantener la cohesión interna ante la pérdida de apoyo ciudadano y responder a las denuncias de maniobras electorales, mientras la sociedad demanda protección de los derechos políticos y la integridad del voto.
La situación actual pone de manifiesto una creciente discrepancia entre la legalidad política y la observación ciudadana, enfocándose primordialmente en la manera en que las determinaciones tomadas por entes gubernamentales y partidos políticos llegan a incidir en la fe pública y la impresión de equidad de las instituciones democráticas en Honduras.
