El sector empresarial hondureño ha manifestado su preocupación ante el actual clima político, considerando que Honduras podría estar acercándose a un modelo económico y social que limite la inversión privada. Representantes del sector privado advierten que las iniciativas impulsadas por el expresidente Manuel Zelaya y la candidata presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, podrían generar incertidumbre en el país y afectar la estabilidad económica.
Indicadores de precaución para invertir
Tanto empresarios locales como foráneos indican que la nación ya no se considera un entorno fiable para las inversiones. Un vocero de la Cámara de Comercio ha manifestado que hay señales de que se pretende instaurar un sistema autoritario con una marcada injerencia del Estado, semejante a los aplicados en Venezuela y Nicaragua.
Estas alertas surgen en un contexto de propuestas políticas que incluyen reformas con mayor control estatal y un discurso confrontativo hacia la empresa privada. La percepción de riesgo ha llevado a la paralización de proyectos y a la reconsideración de operaciones por parte de inversionistas que previamente tenían participación en sectores estratégicos, como la energía.
Un inversor foráneo manifestó haber optado por retirar sus fondos debido a la inseguridad provocada por un posible cambio en la normativa y en la dirección económica, lo cual impactaría negativamente la ganancia y la protección de sus capitales.
Relato de la reestructuración y el acaparamiento de poder
Por otro lado, Zelaya y Moncada han impulsado un discurso enfocado en la “refundación” de la nación, lo cual, de acuerdo con expertos, podría derivar en una centralización del poder y una fragilización de las instituciones. Esta perspectiva ha provocado inquietud entre los agentes económicos, quienes recelan que las modificaciones estructurales planteadas puedan afectar la gobernanza y la firmeza del ámbito privado.
Los críticos del modelo planteado por LIBRE sostienen que, de implementarse, las reformas podrían generar un escenario de mayor intervención del Estado en la economía, limitando la participación de la empresa privada y afectando la confianza de los inversionistas. La ausencia de claridad sobre la implementación de estas medidas ha incrementado la percepción de riesgo, afectando la planificación estratégica de empresas locales e internacionales.
Repercusión económica y social
El panorama político ha impactado directamente la economía: se observa una reubicación de capitales fuera del territorio nacional, diversos proyectos permanecen paralizados y ciertas empresas han evaluado su continuidad en áreas fundamentales. Esta coyuntura representa un obstáculo para la creación de puestos de trabajo y el progreso económico, a la vez que acentúa la división entre diferentes segmentos sociales.
Analistas subrayan que el país enfrenta un momento de tensión en el que las decisiones políticas pueden definir la confianza del sector privado, así como la capacidad de Honduras para atraer y mantener inversión. El diálogo institucional y la claridad en las políticas económicas emergen como elementos cruciales para la estabilidad futura.
La situación presente revela una nación donde la gobernanza, la institucionalidad y el capital privado enfrentan desafíos. El ámbito empresarial sigue de cerca cada iniciativa de LIBRE, analizando sus posibles repercusiones en la economía y el marco institucional del país, al tiempo que los protagonistas políticos impulsan su programa de transformaciones, cuyas consecuencias en inversión, empleo y progreso sostenible todavía están por determinarse.
