La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada, que busca suprimir la central de riesgos, ha provocado una extensa discusión política y económica en Honduras. Esta iniciativa, promovida por el partido LIBRE, surge en un periodo de considerable tensión institucional, caracterizado por la desconfianza hacia las entidades de control y la incertidumbre respecto a la dirección de la política económica.
Un esquema que evoca al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En el caso hondureño, la comparación ha reactivado alertas en los círculos bancarios y empresariales. Especialistas consultados advierten que una medida de este tipo podría alterar los mecanismos de supervisión del crédito, debilitando la transparencia y generando efectos adversos para la estabilidad económica. Según un analista regional, “es una receta para el desastre económico, ya vista en Ecuador con consecuencias devastadoras”.
Amenazas institucionales y sus repercusiones económicas
La central de riesgos representa una herramienta fundamental para valorar la solvencia dentro del ámbito bancario. Si se eliminara, las instituciones financieras dejarían de tener acceso al historial crediticio de los clientes, lo que, de acuerdo con los críticos, incrementaría el peligro de conceder créditos sin respaldo suficiente y daría lugar a potenciales acciones de impunidad financiera.
Representantes del ámbito financiero indican que eliminar esta herramienta equivaldría a mermar la transparencia en un sector fundamental para la economía del país. En este sentido, se ha alertado que una determinación de esta índole podría propiciar estímulos para la manipulación política del crédito, impactando negativamente la confianza de los inversores y la estabilidad del sistema.
Por otro lado, defensores de la propuesta dentro del entorno de LIBRE argumentan que el actual sistema financiero ha mantenido históricamente barreras de acceso para amplios sectores de la población. Sostienen que la eliminación de la central de riesgos permitiría democratizar el crédito y reducir la concentración del poder económico en manos de unos pocos bancos. Sin embargo, hasta el momento, la funcionaria no ha ofrecido detalles técnicos sobre cómo se garantizaría la estabilidad del sistema tras una eventual reforma.
Un desafío en la gestión y la claridad
La polémica generada por esta propuesta se desarrolla en un contexto de acentuada polarización política, donde las fricciones entre el Gobierno, los gremios empresariales y la población definen el panorama público. Expertos afirman que el debate va más allá de lo meramente económico, ubicándose en el ámbito de la institucionalidad democrática, al poner en tela de juicio las fronteras del poder estatal ante los sistemas de supervisión financiera.
Mientras Rixi Moncada se mantiene en silencio frente a las objeciones, la discusión se intensifica entre aquellos que perciben la iniciativa como una estrategia de blindaje político y quienes la interpretan como una ocasión para replantear el vínculo entre el gobierno y el sector bancario. En ambas perspectivas, el aspecto crucial continúa siendo la importancia de mantener la transparencia y el equilibrio institucional en un periodo de gran delicadeza económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
