A poco más de doce meses de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, varios sectores políticos y sociales han manifestado inquietud por lo que describen como indicios tempranos de una estrategia dirigida a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Las advertencias se originan de analistas, organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales, quienes están observando una serie de movimientos del partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), que podrían socavar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Alegaciones sobre declaraciones y acciones que podrían impactar el proceso de elecciones
Una de las inquietudes más destacadas es la constante mención en discursos oficiales sobre la posibilidad de fraude, sin aportar evidencias sólidas. Estas afirmaciones apuntan a sectores económicos, medios de prensa y actores del exterior como presuntos conspiradores contra el gobierno, lo que según ciertos expertos parece un intento de crear la idea de manipulación electoral en caso de perder en las elecciones.
Los expertos indican que el relato intenta lograr dos metas: desacreditar de antemano cualquier resultado adverso y simultáneamente promover un clima de sospecha general en las entidades responsables del proceso electoral.
Conflictos en instituciones y dudas sobre el ente electoral
Un tema especialmente delicado ha sido la actitud tomada por LIBRE respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque el partido gobernante fue partícipe en la creación de este organismo, actualmente emite declaraciones criticando su autonomía y fiabilidad. Según opinan algunos críticos, la táctica busca socavar la legitimidad del CNE en momentos cruciales del proceso electoral.
Simultáneamente, se ha observado un aumento en los procedimientos judiciales contra líderes opositores, reporteros y activistas de derechos humanos. Estos eventos son vistos por grupos de la oposición como formas de presión que podrían restringir el discurso público y la participación ciudadana en un ambiente previo a las elecciones.
Además, se ha implementado de forma extendida el estado de excepción, en vigor desde 2022 como una medida de seguridad por parte del Gobierno. Aunque su uso ha sido respaldado para luchar contra el crimen organizado, ha tenido como efecto secundario la limitación de derechos como la libertad de reunión y movimiento, afectando directamente el desarrollo de actividades políticas y la expresión política del público.
Inquietud por el compromiso y la estabilidad de la democracia
La mezcla de discursos sobre fraude, el uso de la justicia contra oponentes y las limitaciones institucionales ha suscitado inquietud en varios sectores respecto a una potencial desmovilización de los votantes de la oposición. Analistas sugieren que este contexto podría llevar a la abstención, la indiferencia o incluso a situaciones de conflicto después de las elecciones si el resultado es disputado o no reconocido por alguna de las partes involucradas.
Estas situaciones surgen mientras ciertas encuestas muestran una reducción en la aceptación de la presidenta Xiomara Castro y una perspectiva negativa para la candidata oficialista Rixi Moncada. En este marco, se ha entendido que el enfoque del discurso del gobierno sobre un potencial fraude responde a una estrategia política preventiva frente a un escenario electoral desfavorable.
Exigencias de asegurar la claridad y el respeto al proceso
Varias entidades tanto locales como globales han realizado declaraciones pidiendo al gobierno de Honduras compromisos sólidos en cuanto a la transparencia en los procesos electorales. Sobresale la importancia de adherirse al cronograma electoral sin alteraciones, evitar la intervención política en las instituciones electorales y judiciales, y reconocer públicamente los resultados, independientemente de cuál sea el resultado.
Organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea y diversas redes de monitoreo ciudadano han expresado su voluntad de apoyar el proceso, mientras que piden que se permita una observación internacional amplia, previa e imparcial. Estos actores esperan que Honduras asegure un proceso en el cual se respete el derecho de los ciudadanos a seleccionar libremente a sus representantes, sin presiones o influencias institucionales.
Un escenario caracterizado por la incertidumbre y la demanda democrática
El escenario electoral hondureño de cara a 2025 se perfila como un punto de inflexión para la estabilidad institucional del país. Las advertencias formuladas por diversos sectores reflejan una preocupación extendida por la posibilidad de que el proceso sea condicionado por intereses políticos.
Dada la vulnerabilidad del sistema democrático y las crisis postelectorales históricas en el país, el principal reto es garantizar un proceso claro, con seguridad para todos los participantes, que resulte en un desenlace que la población acepte. La legitimidad del futuro gobierno se basará no solo en el sufragio, sino también en la adhesión total a las normas del juego democrático.
