El ciclo electoral en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión sobre la estabilidad democrática en la nación. Un reporte interno de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por importantes fallos logísticos en las elecciones primarias, al mismo tiempo que las recientes acciones sobre el desarme selectivo de ciertos oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sector militar.
Además, hay pronunciamientos de especialistas en derecho constitucional que sugieren modificar la Constitución para excluir a las Fuerzas Armadas de cualquier tarea relacionada con elecciones, en un entorno donde la credibilidad pública en los procedimientos y resultados está en su punto más bajo.
Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en procesos electorales
El reporte sobre la auditoría interna del CNE, que se filtró a los medios de comunicación locales, indicó que la distribución retrasada, deficiente y sin coordinación del material electoral en muchos centros de votación se debió a fallos en la aplicación del protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, responsables de proteger y repartir las urnas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
El informe fue divulgado en un momento de elevada tensión política, con un aumento del miedo a que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los altos mandos militares no han hecho una declaración oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido callado, lo cual ha sido visto por ciertos grupos como un indicio de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones opositoras como Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado una revisión completa del acuerdo de asistencia logística entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada temprana de observadores internacionales y revisiones externas al sistema de conteo de votos.
Desarme selectivo de oficiales y tensiones internas en las Fuerzas Armadas
En el contexto de la polarización política, la medida tomada por el Estado Mayor Conjunto de retirar las armas a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha causado inquietud en sectores militares, políticos y entre la población civil. De acuerdo con reportes de fuentes castrenses y quejas publicadas por la prensa nacional, el retiro de armas no se está implementando de forma generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino más bien dirigido a oficiales que han expresado opiniones institucionales independientes o críticas hacia las autoridades gubernamentales.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por realizar una limpieza discreta en el sector militar, quebrando la costumbre de imparcialidad y despertando dudas acerca del propósito de asegurar un dominio político completo sobre el sistema de seguridad del país frente a las elecciones generales.
La reducción de armamento forma parte de un conjunto de medidas recientes, tales como reestructuraciones en el alto mando militar y traslados obligatorios, que han elevado la tensión y el malestar dentro de la organización, particularmente entre oficiales de nivel medio y superior. Algunos de los oficiales a quienes se les retiró el armamento han sido reubicados en roles administrativos, lo que se considera una manera de apartarlos del componente operativo y del contexto electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, particularmente en un contexto donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una enmienda constitucional que revise el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema crucial en el debate público de cara a las futuras elecciones generales.
