En Honduras, ha surgido un gran debate a raíz del caso de Koriun Inversiones, después de que se descubriera un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35,000 personas. La acusación pública realizada por el diputado Edgardo «Chele» Castro ha centrado la atención en la posible protección política y judicial que facilitó el funcionamiento anómalo de la compañía.
La acción de las autoridades, la garantía de fondos y la respuesta de los inversores han puesto de manifiesto una falta de confianza en el sistema bancario del país. La investigación sigue en marcha, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones operaba bajo un esquema Ponzi, modalidad que consiste en captar fondos de nuevos inversionistas para pagar utilidades a los antiguos, sin generar ganancias legítimas. La empresa prometía una rentabilidad semanal del 5 %, equivalente a un 20 % mensual, asegurando a los clientes la recuperación de su inversión en un periodo de cinco meses. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema dependía del ingreso constante de nuevos participantes, lo que finalmente llevó al colapso y a pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó que Koriun Inversiones no contaba con autorización para operar como entidad financiera. Durante las inspecciones realizadas en diferentes sucursales y viviendas de administradores, se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo, almacenadas de forma informal en cajas y bolsas. Además, se identificaron movimientos financieros significativos, incluyendo el retiro de 400 mil dólares por parte de ciudadanos estadounidenses asociados con el inicio del esquema fraudulento en 2017.
Acusaciones sobre resguardo político y crisis de credibilidad
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones fue viable debido al respaldo de personalidades políticas, fiscales y empleados gubernamentales. Castro criticó la ausencia de respuesta rápida de las entidades supervisoras y demandó una indagación profunda para establecer quiénes facilitaron o consintieron el engaño. Asimismo, se mencionó la intervención de alcaldes que promovieron la compañía y la pasividad de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la restitución de su dinero y expresaron miedo a perder sus ahorros. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la restitución a los inversores en lo posible, aunque se prevé que el procedimiento será complicado y extenso. El incidente ha destacado la fragilidad de las personas frente a esquemas financieros no regulados y la urgencia de mejorar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
