Dudas sobre la neutralidad militar en elecciones de Honduras

En menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el rol de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa siendo un tema de discusión. Su función constitucional de asegurar la protección, resguardo y transporte del material electoral, además de la seguridad de los centros de votación, se enfrenta a un aumento de críticas, impulsadas por fallos recientes y un ambiente de desconfianza hacia las instituciones.

Pronunciamientos formales y compromisos institucionales

Altos mandos del Ejército han reafirmado públicamente su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y apoyo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, en representación de la cúpula militar, reiteró el compromiso de las FF. AA. de garantizar un proceso electoral “limpio, transparente y seguro”, enfatizando el carácter apolítico y no deliberante de la institución castrense.

Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.

Reproches por problemas logísticos y eventos pasados

Aunque las declaraciones oficiales lo aseguran, varios sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. En los comicios primarios realizados en marzo de 2025, se denunciaron demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las deficiencias logísticas se achacaron tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, provocando una avalancha de críticas por parte de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil.

Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad del Ejército para manejar responsabilidades en actividades electorales y renovaron las críticas sobre su autonomía. Expertos alertan que, si no se solucionan los errores mostrados en las elecciones primarias, podrían surgir inconvenientes similares el 30 de noviembre, poniendo en riesgo la confianza del público en las organizaciones responsables del proceso democrático.

Conflictos institucionales y peligro de politización

La polémica también ha alcanzado al discurso institucional. Expertos señalan que sectores afines al oficialismo han intentado minimizar la responsabilidad de las FF. AA. en los errores logísticos de marzo, promoviendo una narrativa orientada a preservar la imagen de la institución castrense. Esta postura ha coincidido con una creciente desconfianza hacia el CNE, cuyas capacidades técnicas y liderazgo han sido objeto de críticas por su manejo del calendario electoral y su relación con el Ejecutivo.

En este escenario, el papel de las FF. AA. adquiere una complejidad mayor. Aunque su misión constitucional les prohíbe participar o involucrarse en temas políticos, la opinión pública acerca de su neutralidad se ve influenciada por la politización del debate electoral. La tensión incrementa conforme se acerca el día de las elecciones, en un contexto de polarización y dudas sobre la institucionalidad democrática.

Un reto para la validez de las elecciones

La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.

En un país con altos niveles de polarización política y frágil institucionalidad democrática, el desempeño de las FF. AA. durante los comicios podría influir decisivamente en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La transparencia operativa y el respeto estricto al mandato constitucional serán claves para evitar mayores tensiones y preservar la estabilidad democrática en un año electoral decisivo.

Por Jaime Navarro