El estado de emergencia en Honduras, instaurado desde diciembre de 2022, sigue provocando polémica debido a su extensión y a las inquietudes sobre posibles excesos de autoridad y violaciones de derechos humanos. Esta medida fue promulgada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el objetivo expreso de combatir la delincuencia, particularmente la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha significado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden judicial y restricciones a la libertad de movimiento en varias partes del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido en varias oportunidades. En enero de 2025, la acción se prolongó por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. A pesar de que las autoridades defienden que esta medida es crucial para combatir la delincuencia, diferentes sectores han manifestado su inquietud por posibles excesos y la ausencia de resultados tangibles.
Análisis sobre la eficacia y los derechos humanos durante el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han destacado que el estado de excepción podría amenazar los derechos humanos, instando al gobierno hondureño a asegurar el respeto al Estado de Derecho y a evitar limitaciones indebidas a las libertades esenciales. Las autoridades han informado una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante el periodo del estado de excepción. No obstante, reportes sugieren que las extorsiones y la violencia siguen afectando a la sociedad. Además, se han registrado acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, tales como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado un debate en torno a su eficiencia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno argumenta que la medida de excepción es esencial para luchar contra el crimen, entidades nacionales e internacionales piden evaluar su implementación y asegurar que las políticas de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas de la población.
Por lo tanto, el estado de emergencia en Honduras es una medida polémica que intenta combatir la violencia delictiva, aunque ha suscitado un debate respecto a su eficacia, legitimidad y observancia de los derechos humanos. La extensión de esta medida extraordinaria presenta retos para asegurar las libertades principales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de la población.
