La ONU ha solicitado con urgencia al Gobierno de Honduras que elimine el estado de excepción actual antes de las elecciones generales planeadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo global, extender esta medida extraordinaria supone un peligro directo para el ejercicio de derechos fundamentales, restringiendo libertades vitales como el libre tránsito, la reunión y las protestas pacíficas. La ONU señala que sostener un estado de excepción sin la supervisión adecuada podría impactar negativamente la credibilidad del proceso electoral y el entorno democrático de la nación.
En su declaración, la organización enfatiza que las elecciones deben realizarse sin intimidaciones ni restricciones arbitrarias. La prolongación del estado de emergencia podría causar un ambiente de miedo, lo cual es incompatible con unos comicios justos y transparentes, y además podría incrementar el riesgo de abusos de poder y restringir la actividad de actores políticos y sociales. Por esta razón, se solicita la restauración total de las garantías constitucionales para asegurar condiciones justas de participación.
Peligros vinculados al estado de emergencia en el marco de elecciones
Diversas agencias de derechos humanos vinculadas al sistema de Naciones Unidas han señalado que la permanencia del estado de excepción en Honduras incrementa el riesgo de prácticas autoritarias y afecta directamente la participación política de sectores opositores y organizaciones civiles. La limitación de derechos como la manifestación y la reunión compromete el desarrollo democrático, especialmente en un contexto electoral.
La especialista en derechos civiles y políticos ha enfatizado que no es posible la coexistencia entre represión y democracia. La prolongación del estado de emergencia podría debilitar la legitimidad del proceso y reducir la confianza del pueblo en las entidades responsables de asegurar elecciones libres.
Exhorto a asegurar unas elecciones limpias y abiertas
Ante esta situación, la ONU ha instado a las autoridades de Honduras a que restablezcan completamente los derechos constitucionales que fueron suspendidos y aseguren la libertad de prensa, de expresión y de movimiento ciudadano durante el periodo electoral. También ha destacado la relevancia de fortalecer la función del Consejo Nacional Electoral (CNE) como una entidad autónoma y permitir la supervisión tanto nacional como internacional sin limitaciones para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso.
La entidad global determina que avanzar hacia elecciones legales no es factible bajo un estado de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática de la nación, es esencial eliminar esta medida extraordinaria y fomentar una participación ciudadana activa, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
