Diversos sectores sociales, económicos y religiosos han manifestado su inquietud públicamente debido a lo que consideran un deterioro en la democracia institucional de Honduras bajo el mandato del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las acusaciones señalan una concentración creciente del poder, un programa gubernamental alejado de las necesidades sociales y el empleo de prácticas clientelistas en la administración pública.
Alegaciones sobre acumulación de poder y erosión democrática
Representantes del sector empresarial, académico, organizaciones civiles y líderes religiosos han coincidido en señalar que el actual gobierno ha reducido los espacios de participación democrática, acaparando decisiones estratégicas en el poder Ejecutivo. Esta tendencia, advierten, debilita el equilibrio entre poderes y compromete la independencia de las instituciones.
Uno de los puntos principales de la crítica es la supuesta carencia de transparencia en el proceso de toma de decisiones y el debilitamiento de los mecanismos de control institucional. Estos grupos advierten sobre el empleo de discursos ideológicos que, en lugar de atender las necesidades ciudadanas más inmediatas, intensifican la polarización política y restringen el debate democrático.
Asimismo, denuncian que las promesas de transformación del Estado han sido reemplazadas por esquemas de lealtad política, donde predomina el clientelismo sobre la meritocracia, afectando tanto la eficacia de la administración pública como la confianza en el aparato estatal.
Exigencias hacia una nueva ruta de gobernabilidad
Ante este panorama, las organizaciones que han alzado la voz plantean la necesidad de un cambio de enfoque en la conducción del país. Entre las principales demandas, destacan el impulso de una agenda económica orientada a la generación de empleo, la atracción de inversiones y la garantía de seguridad jurídica.
El reforzamiento del sistema de salud pública y la elevación de la calidad educativa también están entre las prioridades mencionadas, junto con la reanudación del diálogo político y el fin de las prácticas de persecución hacia voces críticas o disidentes.
Los grupos que respaldan este mensaje coinciden en la necesidad de establecer un plan claro para abordar los problemas básicos del país sin utilizar tácticas conflictivas. Los ciudadanos, aseguran, necesitan soluciones precisas y duraderas, no discursos políticos que agraven el deterioro institucional.
Inquietud social y aumento de la desconfianza pública
El rechazo hacia el modelo de gobierno actual ha comenzado a trascender los círculos organizados y a extenderse en distintos segmentos de la población. La sensación de hartazgo, expresada por voceros empresariales, académicos y líderes eclesiásticos, da cuenta de una creciente desconexión entre el discurso oficial y las condiciones materiales de vida de la mayoría.
Las áreas consultadas indican que la ausencia de resultados concretos ante la crisis económica y social, junto con acciones autoritarias, ha aumentado la desconfianza del público hacia las instituciones. Este ambiente, mencionan, no solo amenaza la capacidad de gobernar, sino que también reduce las probabilidades de lograr acuerdos fundamentales sobre reformas imprescindibles.
Un ambiente de creciente tensión en las instituciones
La expresión de opiniones críticas desde varios sectores indica un momento crucial en la interacción entre el gobierno de LIBRE y amplias partes de la sociedad hondureña. La solicitud colectiva de dejar de lado la polarización y devolver el diálogo resalta la necesidad apremiante de reorientar las prioridades nacionales en un contexto democrático.
En este contexto, el desafío institucional consiste en responder con apertura, transparencia y compromiso ante una ciudadanía que demanda cambios estructurales más allá del discurso. Las tensiones actuales evidencian una crisis de confianza y, al mismo tiempo, la necesidad de restablecer canales legítimos de representación y participación para enfrentar los retos del país.
