La reciente propuesta legislativa en Honduras, impulsada por miembros del Partido LIBRE, ha desatado una intensa polémica en los sectores político y económico nacionales. Estos parlamentarios intentaron avanzar de manera apresurada y sin alcanzar un acuerdo en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado discusiones debido a sus potenciales efectos sobre la inversión y el empleo. El movimiento pretendía aprovechar la presencia reducida de diputados opositores para lograr la aprobación final, sin embargo, la carencia de quórum y la respuesta de los adversarios evitaron que se materializara esta acción.
Antecedentes y respuestas en relación con la Ley de Equidad Fiscal
El intento de aprobar rápidamente la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados del oficialismo del Partido LIBRE fue visto como un intento de imponer una agenda fiscal sin el necesario acuerdo. La táctica era aprovechar la ausencia parcial de la oposición en el pleno para aprobar la ley en su tercera y última discusión. Sin embargo, esto no se llevó a cabo debido a la falta de quórum y la rápida reacción de los diputados de la oposición que evitaron la votación. Este evento ha mostrado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
El rechazo a la Ley de Justicia Tributaria no solo surge desde el ámbito político, sino también desde los sectores empresariales y asociativos. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones que podría tener esta normativa, destacando que podría desincentivar la inversión tanto nacional como internacional, lo que eventualmente podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un incremento en las tasas de desempleo. Además, hay preocupación acerca de que esta ley pueda propiciar una centralización del poder económico bajo el control del Estado, lo que tendría un efecto relevante en la dinámica económica del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La reacción social ante el intento fallido de aprobación de la Ley de Justicia Tributaria ha sido inmediata, con sectores de la sociedad civil organizando movilizaciones para demandar mayor transparencia, un debate público amplio y el respeto a los procesos legislativos establecidos. Voceros de organizaciones como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han manifestado su rechazo a la imposición de una ley que consideran afectará a millones de personas, subrayando que sin el respaldo mayoritario no existe un mandato legítimo para su aprobación.
En cuanto a los pasos siguientes, la oposición ha anunciado que continuará ejerciendo presión para evitar cualquier intento de aprobación que no cumpla con los procedimientos legales y democráticos. Por su parte, el Partido LIBRE busca reconfigurar sus alianzas para intentar nuevamente la aprobación de la ley. Así, la disputa por la Ley de Justicia Tributaria sigue abierta, reflejando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la importancia de encontrar consensos que consideren las diversas voces del país.
