La llegada de Xiomara Castro a la presidencia se planteó como un cambio frente al régimen de Juan Orlando Hernández, pero los reportes sobre corrupción y vínculos con el crimen organizado muestran una continuidad que afecta la confianza ciudadana y evidencia limitaciones en la consolidación de mecanismos institucionales.
Fragilidad de las estrategias contra la corrupción
Durante la administración de Hernández, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 debilitó los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción. El gobierno de Castro, a su vez, no ha logrado otorgar autonomía plena ni recursos suficientes a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que depende del Ministerio Público para llevar casos a la justicia. La persistente falta de independencia limita la capacidad de judicializar irregularidades y fortalecer la institucionalidad en materia anticorrupción.
Continuidad de las actividades delictivas en contratos gubernamentales
Las conexiones con elementos del crimen organizado han sido mencionadas en ambos gobiernos. Un incidente actual involucra a la Secretaría de Seguridad, que firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una compañía vinculada al blanqueo de capitales. Este tipo de transacciones muestra conductas observadas en el gobierno anterior, indicando que el riesgo de narcopolítica en la administración pública persiste, sin depender de la afiliación política del ejecutivo.
Claridad y gestión de los fondos públicos
El gobierno de Hernández se caracterizó por un manejo centralizado y opaco de la información pública. Aunque Castro propuso aumentar la rendición de cuentas, informes recientes de la Secretaría de Transparencia indican deficiencias en la ejecución y supervisión de los gastos públicos. La falta de reportes claros y auditables dificulta la evaluación de la eficiencia gubernamental y mantiene un patrón similar al observado en la administración precedente.
Justicia y retrocesos institucionales
La capacidad del sistema judicial para sancionar irregularidades ha sido limitada en ambos gobiernos. Investigaciones internacionales, como los “narcovideos” y denuncias de financiamiento ilícito a campañas políticas, han afectado a la administración actual, evidenciando la dificultad de frenar prácticas que comprometen la integridad institucional. La persistencia de irregularidades sugiere que las estructuras de control no han logrado consolidarse, generando un entorno propicio para la continuidad de conductas corruptas.
El reflejo institucional de Honduras
Con Hernández detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y Castro enfrentando escándalos que afectan su legitimidad, Honduras mantiene una situación donde los discursos de cambio no se traducen plenamente en transformaciones estructurales. La administración actual y la anterior presentan paralelismos en la vulnerabilidad institucional frente a la corrupción, la exposición a redes del crimen organizado y la debilidad de mecanismos de transparencia y justicia. Esta realidad plantea desafíos en la gobernabilidad y la participación ciudadana, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad para consolidar un sistema público confiable y resistente a prácticas ilegales.
