En el marco de la preparación para las elecciones generales de 2025, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta fuertes cuestionamientos por parte de actores políticos, empresariales y sociales que lo acusan de impulsar acciones que comprometen la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las denuncias abarcan desde bloqueos a instituciones clave hasta intentos de control político del organismo electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Uno de los temas centrales de disputa ha sido la suspensión del proceso de adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados con LIBRE obstruyeron la entrada a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando que las compañías ofertantes entregaran sus propuestas técnicas.
La presidenta del CNE, Cossette López, describió estas acciones como un ataque directo al proceso electoral, señalando su efecto adverso en la confianza en la institucionalidad democrática. La paralización del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también fortaleció la percepción de que se busca crear condiciones para alterar los resultados.
Adicionalmente, se han reportado episodios de presión institucional por parte de grupos afines a LIBRE, incluyendo irrupciones en el Congreso Nacional y otras entidades públicas. Estos hechos, en conjunto, han sido interpretados por sectores opositores como parte de una estrategia orientada a debilitar el funcionamiento autónomo del CNE y facilitar su eventual control político.
Peligros de acumulación de poder en el organismo electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, asuman roles, si las consejeras actuales son inhabilitadas, ha generado preocupación entre figuras políticas que piensan que este reemplazo disminuiría la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de análisis han expresado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La difusión de estas encuestas se ha entendido como un esfuerzo para influir en la opinión pública e introducir la noción de una victoria segura, lo que, según grupos opositores, intenta influenciar el resultado electoral y cuestionar la validez de una posible derrota. Estas acciones han ayudado a aumentar la desconfianza que envuelve al proceso electoral.
En un contexto ya marcado por el deterioro del diálogo político y la polarización institucional, la proliferación de información engañosa se ha convertido en un factor adicional de inestabilidad, con posibles repercusiones sobre la participación ciudadana y la aceptación de los resultados.
Una situación preelectoral caracterizada por la falta de confianza
La mezcla de paralizaciones institucionales, controversias sobre el dominio del CNE y campañas de desinformación ha dejado el proceso electoral en Honduras en una situación muy vulnerable. Las alertas sobre una posible crisis de gobernabilidad revelan la profundidad de las tensiones políticas en un contexto donde la institucionalidad está bajo presión y los métodos de consenso siguen bloqueados.
En menos de cinco meses para las elecciones generales, la situación presenta importantes retos para la fiabilidad del sistema electoral y la estabilidad nacional. En este contexto, el enfoque se centra en la habilidad de las figuras políticas e institucionales para recuperar un mínimo de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y claro.
