La imposición obligatoria del reconocimiento biométrico para usuarios de servicios móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, abarcando el ámbito político, jurídico y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dicta que los ciudadanos deben autenticar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. De no cumplir con esta disposición, existe el riesgo de perder los números actuales, lo que ha generado preocupación entre la población y diversos sectores.
El proceso de validación biométrica consiste en que los usuarios deben proporcionar una fotografía de su rostro junto con su Documento Nacional de Identificación (DNI), con el fin de verificar su identidad. Desde CONATEL se argumenta que esta iniciativa busca combatir delitos como la extorsión y el uso de líneas telefónicas anónimas, que dificultan la labor de las autoridades. Sin embargo, la medida ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y posibles implicaciones en la privacidad de los ciudadanos.
Disputas legales y políticas respecto a la autenticación biométrica
Varios representantes políticos y sociales han manifestado su inquietud por la legalidad y gestión de los datos biométricos obtenidos. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha indicado que la acción carece de un soporte legal adecuado, describiéndola como «totalmente ilegal» y sugiriendo a la población que no acate la orden hasta que haya un marco jurídico claro que regule la recopilación y utilización de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta posición evidencia una controversia sobre la validez de la medida y la salvaguardia de derechos esenciales.
En contraste, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones respecto al uso político de la información biométrica, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la facultad legal para el manejo de datos biométricos, lo cual cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas objeciones ponen de manifiesto la inquietud por la posible manipulación política de datos delicados y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
En su defensa, el líder de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la disposición afirmando que es legítima, clara y compasiva. También ha rechazado que la autentificación biométrica tenga propósitos electorales y ha explicado que el proceso es administrado por las empresas de telecomunicaciones, en lugar de ser manejado por el gobierno directamente. Además, ha garantizado que no se está estableciendo una nueva base de datos estatal y que la información recopilada no será usada con fines diferentes a los especificados, buscando con esto despejar las incertidumbres sobre la gestión de los datos.
Perspectivas y próximos pasos en el debate sobre la validación biométrica
CONATEL ha sido convocada a comparecer ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 para explicar los fundamentos técnicos y legales de la validación biométrica. Esta sesión será clave para abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la legalidad y la transparencia del proceso, y podría influir en la continuidad o modificación de la medida.
La discusión pública se ha intensificado en las redes sociales y en los foros cívicos, donde numerosos individuos manifiestan su preocupación y desagrado sobre la potencial violación de su privacidad y la confusa aplicación de las medidas. Algunos han llegado a señalar que no seguirán el proceso de verificación, poniendo en duda la habilidad de las autoridades para suspender millones de líneas telefónicas sin ocasionar un impacto negativo significativo en las telecomunicaciones del país.
