El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha avivado la discusión social y política, con varios sectores alegando que la propuesta, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito tributario y se emplea como un instrumento político para dividir a la población hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y dirigentes comunitarios han manifestado que el discurso oficialista acusa a ciertos grupos empresariales de ser la causa de los problemas económicos del país, promoviendo un discurso que, según estos sectores, estimula el conflicto entre la población más necesitada y los sectores productivos.
Este escenario ha despertado inquietud debido al potencial impacto de la legislación en la unidad social y la prosperidad económica. La controversia ha sido impulsada por la impresión de que la norma intenta catalogar a quienes inician negocios o crean trabajos como opositores del pueblo, desviando el enfoque de problemas fundamentales y de la efectividad del estado. Expertos alertan que esta táctica podría frenar la inversión, aumentar la tensión social y dañar la cohesión social, repercutiendo negativamente en el empleo y el bienestar general.
Relatos de separación y respuestas comunitarias
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria ha generado un clima de antagonismo entre el gobierno y el sector privado, evidenciado en confrontaciones tanto en el Congreso Nacional como en el discurso público. Representantes empresariales han calificado la propuesta como dañina y mal intencionada, argumentando que prioriza el enfrentamiento y la discriminación sobre el consenso y el diálogo. Se señala que la derogación de incentivos y beneficios fiscales afectará directamente a los sectores productivos, incrementando los costos de producción y, en consecuencia, el precio de los alimentos y servicios básicos para la población.
El clima de polarización se ha manifestado en episodios de tensión en el Congreso, donde las discusiones sobre la normativa han resultado en conflictos entre legisladores del gobierno y de la oposición, revelando la profundidad de las divisiones políticas e institucionales en la nación. Por otro lado, ciertos académicos admiten que la iniciativa podría ser beneficiosa si se lleva a cabo con honestidad y colaboración multisectorial, pero señalan que la ausencia de información precisa y la percepción de imposición generan incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía.
Repercusiones financieras y exhortación a la cohesión del país
Los impactos económicos que mencionan los sectores críticos abarcan la potencial pérdida de trabajos por cierres de negocios y menos inversiones, el alza de la pobreza debido al encarecimiento de productos básicos y el empeoramiento del entorno económico, lo que podría incentivar la migración y los conflictos sociales. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley supone un ataque directo al empleo y la inversión, alertando sobre el peligro de repetir experiencias negativas de otras naciones de la región donde reformas semejantes han debilitado el tejido empresarial y social.
Ante esta situación, distintos grupos han solicitado al Congreso Nacional y a la población evitar el quiebre incentivado por debates políticos, enfatizando que la auténtica justicia social se alcanza mediante el desarrollo económico, la inversión coherente y la creación de oportunidades para todos, no por medio de legislaciones punitivas ni campañas conflictivas. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la normativa pretende corregir beneficios fiscales antiguos y fortalecer los sistemas de protección social, subrayando la importancia de la cohesión nacional para avanzar hacia el bienestar común.
