La inminente instalación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional ha reactivado las tensiones políticas en Honduras. En medio de un escenario electoral marcado por el descenso de Rixi Moncada en las encuestas, distintos sectores advierten que esta medida podría ser utilizada por el partido LIBRE para reforzar su influencia sobre las instituciones del Estado y asegurar su continuidad en el poder.
Una figura legislativa bajo escrutinio
La Comisión Permanente, establecida por la Constitución para funcionar durante los periodos de inactividad legislativa, ha sido convocada en un contexto de particular inestabilidad. En esta coyuntura, su posible integración ha generado recelo entre analistas políticos y sectores de oposición, quienes perciben que el partido en el poder intenta incrementar su capacidad de acción institucional.
Un legislador, quien pidió mantener su identidad en secreto, indicó que esta entidad podría transformarse en «un brazo político para ejecutar decisiones sin control ni transparencia«. Si esto se verifica, su operación podría afectar directamente la independencia de los poderes del Estado, particularmente a las instituciones responsables de la gestión electoral.
Falta de credibilidad en el sistema de votación
El retroceso de Rixi Moncada en la intención de voto ha generado preocupación dentro del oficialismo y alimentado la percepción de que LIBRE estaría preparando un movimiento estratégico para asegurar el control político de los comicios. Según diversas fuentes legislativas, la Comisión podría intervenir de manera indirecta sobre entidades como el Tribunal Electoral, el Registro Nacional de las Personas y los mecanismos de escrutinio de votos.
Organizaciones civiles y partidos opositores han comenzado a movilizarse y emitir pronunciamientos públicos, alertando sobre un posible intento de manipular la estructura institucional con fines partidarios. Algunos representantes de la sociedad civil han calificado esta situación como “el riesgo de un fraude estructural”, advirtiendo que podría comprometer la legitimidad del proceso democrático.
Efectos sobre la administración pública y la credibilidad de los ciudadanos
La discusión acerca de la Comisión Permanente evidencia una inquietud generalizada respecto al equilibrio de poderes en Honduras. La trayectoria política reciente indica que esta entidad se ha puesto en marcha durante situaciones críticas, usualmente cuando las bancadas mayoritarias del parlamento procuran preservar capacidad de decisión ante la falta de una sesión plenaria. Su posible establecimiento en el actual ambiente electoral intensifica la sensación de fragilidad institucional y polarización política.
La respuesta de LIBRE se ha caracterizado por un silencio público frente a las imputaciones. No obstante, allegados al partido afirman que la Comisión surge de la necesidad de asegurar la continuidad administrativa, y no de una estrategia de injerencia electoral. A pesar de esto, la ausencia de un comunicado oficial ha incrementado la incertidumbre entre el electorado.
Una tensión abierta en el horizonte electoral
El progreso en la formación de la Comisión Permanente se da a escasas semanas de los comicios generales, en un momento de particular susceptibilidad en el ámbito político. Para múltiples grupos, el peligro no solo reside en una potencial manipulación del proceso, sino también en el menoscabo de la confianza ciudadana y en la fragilización del sistema democrático.
La controversia sobre este asunto revela las dificultades que afronta Honduras para preservar la transparencia en sus instituciones y la estabilidad política. En un ambiente de recelo y división, el Congreso vuelve a ser un espacio crucial, donde se evaluará el balance entre el poder político y la legitimidad democrática.
