El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció públicamente una campaña sistemática de estigmatización y amenazas contra periodistas en el país, atribuyendo su impulso a sectores gubernamentales y al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La organización gremial sostiene que se trata de un patrón sostenido de ataques que compromete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que ha sido trasladado a instancias internacionales como una alerta sobre el deterioro de garantías democráticas.
Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.
Entre los casos más recientes, se documentan demandas iniciadas por las Fuerzas Armadas y otras entidades estatales, que según el gremio, apuntan a frenar investigaciones sobre posibles actos de corrupción o abusos institucionales. A ello se suma un aumento sostenido de campañas de desprestigio por parte de cuentas anónimas o falsas, a menudo identificadas como “tropas digitales” afines al oficialismo, que difunden mensajes ofensivos y revelan públicamente los rostros de periodistas.
Escalada en el discurso oficial y tensión preelectoral
Uno de los elementos que más preocupación ha generado es la creciente hostilidad desde el Congreso Nacional. En particular, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ha emitido recientemente declaraciones dirigidas contra la prensa, en un tono que el gremio interpreta como parte de la estrategia de deslegitimación. Estos discursos ocurren en un contexto de creciente tensión política, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre, donde la confrontación entre el oficialismo y la oposición se ha intensificado.
El uso de plataformas institucionales para difundir mensajes hostiles hacia la prensa refuerza un ambiente de presión que, según el CPH, ha generado efectos como la autocensura y el retraimiento de voces críticas en los medios. Esta dinámica, enmarcada en una coyuntura electoral, ha sido leída por actores del gremio como una señal de que el periodismo independiente enfrenta un cerco institucional y digital sin precedentes desde el retorno a la democracia.
Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación
Varias organizaciones globales han expresado su preocupación por la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han lanzado declaraciones criticando lo que describen como un paso atrás en las protecciones para el libre ejercicio del periodismo en Honduras. Estas entidades coinciden en señalar que las acciones reportadas crean un entorno de riesgo que amenaza derechos esenciales y el papel del periodismo en la supervisión del poder público.
Estos personajes, junto con el CPH y entidades nacionales, han solicitado al Gobierno asegurar la seguridad real de los periodistas, además de detener de inmediato cualquier tipo de amenaza, ya sea directa o indirecta. Recalcan que la libertad de prensa no es solo un derecho personal, sino una condición crucial para que la democracia funcione.
El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.
