El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) hizo una denuncia pública sobre una campaña continua de estigmatización y amenazas hacia periodistas en la nación, señalando que sectores del gobierno y el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) son los impulsores. La agrupación profesional afirma que estos ataques sistemáticos ponen en riesgo la libertad de expresión y el trabajo periodístico, y han llevado la situación a foros internacionales para advertir sobre el debilitamiento de las garantías democráticas.
De acuerdo con el informe del CPH, los ataques pueden manifestarse de múltiples maneras, como amenazas e insultos en plataformas digitales, así como procesos legales impulsados por entidades estatales. La asociación menciona que quienes trabajan para el gobierno y algunos activistas en línea relacionados con el oficialismo han creado un discurso de desprestigio hacia medios y periodistas que son críticos. Esta situación, según el reporte, abarca intentos de obligar a revelar fuentes de información, un aspecto que, en el entorno de Honduras, se interpreta como una infracción directa al secreto profesional respaldado por normas internacionales.
Entre los ejemplos más recientes, se registran querellas presentadas por las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del gobierno, que de acuerdo con el grupo, buscan detener pesquisas sobre presuntos actos de corrupción o abusos institucionales. Además, se observa un incremento constante de campañas de desprestigio efectuadas por cuentas anónimas o falsas, frecuentemente denominadas como “tropas digitales” alineadas con el oficialismo, que publican mensajes ofensivos y exponen públicamente los rostros de periodistas.
Incremento en la retórica oficial y nerviosismo antes de las elecciones
Un aspecto que ha causado gran inquietud es la intensificación de la hostilidad desde el Congreso Nacional. Especialmente, el titular del Legislativo, Luis Redondo, ha realizado comentarios en los últimos tiempos dirigidos hacia los medios de comunicación, con un tono que el gremio considera como un intento de deslegitimación. Estas manifestaciones se producen en un escenario de tensiones políticas en aumento, de cara a las elecciones generales previstas para noviembre, donde la disputa entre el gobierno y la oposición se ha agudizado.
El empleo de plataformas institucionales para emitir mensajes adversos contra la prensa intensifica un entorno de presión que, según el CPH, ha producido efectos como la autocensura y el alejamiento de voces críticas en los medios. Esta situación, en el contexto de un proceso electoral, ha sido interpretada por miembros del gremio como una indicación de que el periodismo independiente se enfrenta a un cerco institucional y digital sin precedentes desde el restablecimiento de la democracia.
Inquietud global y solicitudes para detener el acoso
Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.
Estos actores, junto al CPH y organizaciones nacionales, han llamado al Gobierno a garantizar la protección efectiva de los periodistas, así como a cesar de inmediato toda forma de intimidación, directa o indirecta. Insisten en que la libertad de prensa no solo es un derecho individual, sino una condición esencial para el funcionamiento democrático.
El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.
