Con el acercamiento de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, el proceso electoral en Honduras experimenta una serie de nuevos cuestionamientos que intensifican la falta de confianza en las instituciones. Diversos líderes políticos, abogados y colectivos de la sociedad civil han reportado un incremento en las presiones y actos intimidatorios dirigidos hacia los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), supuestamente originados por grupos relacionados con el partido gobernante, específicamente con Libertad y Refundación (LIBRE).
Alegaciones de influencia política sobre la entidad electoral
Las acusaciones señalan que LIBRE estaría desarrollando una estrategia para debilitar la independencia del órgano electoral mediante ataques sistemáticos y una campaña de deslegitimación pública. Según estas versiones, los magistrados del CNE han sido objeto de discursos hostiles, intentos de coacción y campañas de desinformación, todo con el objetivo de influir en las decisiones técnicas y administrativas relacionadas con el proceso electoral.
La diputada Maribel Espinoza advirtió que estas acciones forman parte de una operación más amplia para crear un clima de desconfianza institucional que, eventualmente, justifique la alteración de los resultados electorales. “Están presionando al árbitro electoral porque saben que las encuestas no les favorecen”, afirmó, en declaraciones públicas dirigidas a medios locales.
Plataformas ciudadanas han difundido mensajes advirtiendo acerca de potenciales intentos intencionados de dañar la estructura institucional. Según estas organizaciones, la presión aplicada al CNE podría poner en riesgo la equidad y claridad del procedimiento, en un entorno donde la polarización política ha reducido los márgenes de acuerdo entre actores importantes.
Peligros por debilitamiento institucional y peticiones de supervisión internacional
Entre los elementos identificados como inquietantes están las presiones para modificar las decisiones internas del CNE, las campañas digitales destinadas a desprestigiar a sus integrantes, y la carencia de garantías institucionales que aseguren el ejercicio independiente de sus funciones. Esta circunstancia ha llevado a varios sectores a pedir la llegada anticipada de misiones de observación internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y entidades especializadas en derechos humanos.
Para la experta en derecho constitucional Lidia Meza, la situación política presente demuestra claramente la importancia de fortalecer los mecanismos de defensa institucional antes de que el conflicto aumente. “El proceso electoral no debe estar controlado por intereses de partidos políticos. La nación requiere seguridades, no advertencias”, destacó, resaltando la relevancia de tener apoyo internacional como un factor disuasorio ante posibles interferencias.
Estas inquietudes se añaden a una serie de tensiones que se han acumulado durante este año electoral, donde también se han reportado bloqueos en el Consejo Nacional Electoral, actos de coerción por colectivos oficialistas y obstáculos para que las empresas proveedoras presenten propuestas técnicas sobre el sistema de transmisión de resultados (TREP).
Una disputa bajo mayor vigilancia
Las denuncias recientes sobre presiones contra el CNE amplían el foco de atención sobre las condiciones en que se celebrarán las elecciones generales. El señalamiento de LIBRE como actor central en estas maniobras introduce un nuevo nivel de conflicto en la contienda electoral, con implicaciones directas sobre la credibilidad del proceso.
En este entorno, el rol de las entidades responsables de asegurar la pureza electoral, junto con el respaldo de la comunidad internacional, se convierte en fundamental para mantener la legitimidad de las elecciones. La habilidad del CNE para operar con autonomía y sin influencias externas será crucial en una situación donde la confianza pública se ve cada vez más debilitada.
Ante este contexto, la exigencia por claridad, control ciudadano y respeto al marco jurídico no solo se dirige a los partidos en competencia, sino también a las instituciones responsables de garantizar que el proceso democrático se lleve a cabo bajo condiciones de legitimidad y justicia. Las próximas semanas serán cruciales para verificar si el sistema político de Honduras puede frenar la escalada de confrontación o si se agrava una crisis que podría poner en peligro la gobernabilidad después del 30 de noviembre.
