En Honduras, la situación crítica del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha intensificado en semanas recientes, en medio de un ambiente de polarización creciente y desconfianza hacia las instituciones. Este conflicto tiene como protagonistas a Manuel “Mel” Zelaya, coordinador del partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE), y a miembros destacados del Partido Liberal, generando especulación sobre una posible alianza estratégica entre estas facciones que trasciende el ámbito político.
Movimientos en el CNE y señales de entendimiento político
La reciente renuncia de Ana Paola Hall, consejera electoral del Partido Liberal, representó un momento decisivo en el conflicto interno del CNE. Hall, quien era vista como aliada del expresidente Carlos Flores Facussé, emitió su voto junto al consejero oficialista Marlon Ochoa, excluyendo de las decisiones a la presidenta del organismo, Cossette López. Esta acción fue interpretada como parte de una estrategia coordinada que se habría acordado previamente entre sectores liberales y el oficialismo.
El apoyo expresado por Mel Zelaya a esta acción a través de sus redes sociales, junto con la difusión que realizaron los medios alineados con el gobierno, ha aumentado la percepción de una colaboración entre ambos bandos. Mario Segura, quien es un diputado liberal y tiene peso dentro del partido, también ha manifestado abiertamente su buen vínculo con Zelaya, fortaleciendo la idea de una cooperación política entre las dos agrupaciones.
Relaciones económicas y dudas sobre la autonomía liberal
Más allá del ámbito electoral, la posible alianza entre líderes de Libre y del Partido Liberal estaría influida por intereses económicos compartidos. Los nombres de Carlos Flores Facussé y Yani Rosenthal han sido recurrentes en las discusiones públicas y entre analistas, especialmente por su rol en asegurar el control liberal dentro del CNE y sus conexiones empresariales con el gobierno.
Un tema que ha suscitado bastante disputa es la presunta implicación de compañías asociadas con Rosenthal en la producción de boletas electorales, un paso fundamental en la organización de las elecciones de noviembre. Además, la devolución reciente de propiedades a la familia Rosenthal por orden judicial ha sido vista por grupos opositores como un posible acuerdo político entre el Partido Liberal y Libre.
Bajo estas circunstancias, se ha cuestionado la independencia del liberalismo, que tradicionalmente ha estado en oposición al poder gubernamental, y han generado preocupaciones sobre las consecuencias que tendría una coalición de este tipo en la imparcialidad del proceso de elecciones.
Advertencias sobre el impacto institucional
Entidades ciudadanas, grupos políticos de oposición y analistas internacionales han manifestado inquietud por las consecuencias que este escenario podría ocasionar en la claridad del proceso electoral. La oportunidad de que el CNE funcione bajo acuerdos entre élites políticas y económicas mina su papel como garante imparcial y aumenta el peligro de interferencias en las elecciones.
La erosión de la credibilidad institucional se da en un contexto donde ya existe desconfianza generalizada hacia las estructuras del Estado. La aparente confluencia de intereses entre el oficialismo y sectores tradicionales del Partido Liberal agudiza esa percepción y plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia representativa en el país.
Un reto para la estructura electoral
La situación actual pone de manifiesto una institucionalidad débil, susceptible ante negociaciones de gran envergadura que no siempre atienden al interés del ciudadano. El rol del CNE como mediador electoral ha sido cuestionado, mientras que la polarización entre agrupaciones políticas tiende a fortalecer mecanismos de control mutuo más que a una supervisión independiente.
Con las elecciones generales en el horizonte, la evolución de estas alianzas y sus consecuencias sobre la transparencia del proceso serán determinantes. Lo que está en juego no es solo la legitimidad de los resultados, sino la capacidad del sistema político hondureño para sostener un mínimo de confianza democrática.
