En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por administración inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales señalamientos contra Moncada gira en torno al uso de recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), especialmente en el departamento de Copán. Según denuncias recientes, fondos públicos habrían sido canalizados hacia estructuras vinculadas al partido oficialista, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la utilización de programas sociales con fines electorales.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Acusación internacional dirigida al FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
Hasta el momento, la aspirante de LIBRE no ha emitido ningún comentario públicamente sobre esta acusación, la cual podría tener repercusiones diplomáticas si progresa en tribunales en el extranjero. La falta de posicionamiento oficial ha intensificado la discusión sobre la habilidad de reacción del sistema político de Honduras frente a desafíos internacionales.
Antecedentes de estudios y preguntas anteriores
Las disputas alrededor de Moncada no son una novedad. En los años 2009 y 2013, se le investigó por abuso de poder y supuesto fraude durante su tiempo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de conexiones con contratos de la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos, la justicia de Honduras otorgó sobreseimientos definitivos, su nombre ha seguido apareciendo en reportajes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de control.
En enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una acusación por posible desvío de fondos públicos contra Moncada y varios funcionarios. Sin embargo, las autoridades pertinentes no han revelado información sobre el caso, provocando dudas respecto al progreso legal e incrementando las críticas sobre la claridad del procedimiento.
Conflictos entre instituciones y dudas acerca de la aplicación del poder
Además de los señalamientos por corrupción, la candidatura de Moncada ha estado marcada por críticas relacionadas con el ejercicio de funciones públicas mientras busca la presidencia. Algunos sectores han cuestionado su rol en la formulación de propuestas y auditorías que, según detractores, exceden las atribuciones del cargo que ocupa, lo que ha generado un debate sobre la separación de poderes y el equilibrio institucional.
Estas observaciones se intensifican debido a que la candidata ha ocupado puestos públicos mientras lleva a cabo su campaña, provocando inquietudes sobre potenciales conflictos de interés y el uso posible de recursos oficiales a favor de su postulación. Entidades de la sociedad civil han solicitado una vigilancia ciudadana más estricta y el refuerzo de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la desconfianza en las instituciones
El caso de Rixi Moncada pone en relieve los desafíos que enfrenta Honduras en materia de gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho. En un año decisivo para el rumbo político del país, las denuncias por corrupción y el debate sobre el uso de los recursos públicos se han convertido en ejes centrales de la discusión nacional.
Mientras las autoridades aún no esclarecen el avance judicial de las denuncias en su contra, la figura de Moncada se mantiene en el foco de atención, con implicaciones que podrían influir directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción ciudadana sobre la independencia de las instituciones.
