La crisis generada por la estafa piramidal masiva de la financiera Koriun Inversiones ha escalado en las últimas semanas, con protestas ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que exigen acciones concretas del gobierno hondureño. Afectados de distintas regiones del país acusan inacción institucional ante un caso que ha dejado pérdidas millonarias a más de 35.000 personas. La respuesta del Estado, hasta ahora limitada, ha intensificado la crítica pública y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y sancionar fraudes de esta magnitud.
Denuncias públicas e institucionales bajo cuestionamiento
Las recientes protestas estuvieron caracterizadas por cantos dirigidos hacia el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a organismos estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los participantes denuncian haber sido estafados por un esquema financiero fraudulento sin que, hasta ahora, se haya implementado un plan de compensación ni se hayan identificado, de manera concreta, a los responsables directos.
Una de las principales críticas recae sobre la CNBS. Los manifestantes acusan al ente regulador de haber recibido denuncias formales sobre la operación irregular de Koriun, sin que se hayan implementado medidas preventivas o correctivas. Estas revelaciones han alimentado la percepción de una posible omisión institucional, lo que ha profundizado la desconfianza en la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desestimado sugerencias informales que plantean el uso de dinero del estado para reponer las pérdidas causadas por el engaño. La propuesta de emplear dinero público ha sido considerada por los manifestantes como una acción inadecuada que transferiría la carga del fraude a toda la ciudadanía, en lugar de buscar a los culpables directos y a quienes colaboraron en la estafa piramidal.
A lo largo de las manifestaciones, numerosos carteles mostraron el descontento hacia la postura tomada por las autoridades. Frases como “El Gobierno tiene culpa” y “Koriun engañó, el Estado protegió” sugieren una historia donde tanto los autores de la estafa como las entidades de supervisión y justicia comparten parte de la culpa por la ausencia de respuestas rápidas.
Al mismo tiempo, la ausencia de avances visibles en el Ministerio Público ha generado críticas de sectores ciudadanos que perciben una falta de voluntad política para llevar el caso a una resolución judicial efectiva. La pasividad de la Fiscalía frente a un caso de alto impacto social e institucional ha abierto un nuevo frente de tensión entre la sociedad civil y el aparato judicial.
Previsiones sobre desplazamientos y presión mundial
Frente a la ausencia de progresos, grupos civiles han declarado la planificación de más días de manifestación y han considerado la opción de llevar el conflicto a un nivel internacional. Algunos grupos ven el uso de medidas legales fuera del país como una forma de instar al Estado hondureño a que cumpla con sus obligaciones de justicia y compensación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la extensión del fraude, sino también las debilidades en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de reacción frente a delitos económicos a gran escala. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones.
Un panorama marcado por el desgaste institucional
El progreso en el caso Koriun muestra una situación donde las demandas sociales de justicia chocan con la lentitud del sistema institucional. La incertidumbre referente al uso de los fondos, la rendición de cuentas de las personas involucradas y la función de los organismos reguladores ha puesto al Estado bajo una observación crítica. El desafío para el gobierno y el poder judicial no solo radica en solucionar el caso, sino también en recuperar la confianza pública en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos financieros de la ciudadanía en un país donde los métodos de supervisión siguen siendo débiles.
