El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
Aunque el Ministerio Público ha iniciado acciones judiciales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha intervenido con medidas como la congelación de cuentas y algunas capturas, persiste una fuerte incertidumbre sobre la transparencia y el alcance real de las investigaciones. La falta de información oficial detallada sobre cómo se permitió el funcionamiento del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos hacia las instituciones encargadas de la supervisión financiera y de la aplicación de justicia.
Acusaciones a empleados con conexiones políticas
Entre los nombres mencionados en el debate público se encuentran Héctor Zelaya, secretario privado de la Presidencia e hijo del expresidente Zelaya, y el fiscal general Johel Zelaya. Ambos ocupan cargos estratégicos desde el inicio del actual gobierno y, de acuerdo con diversas voces críticas, podrían tener capacidad de influencia en los procesos institucionales relacionados con el caso Koriun.
Estas acusaciones se producen en un contexto marcado por la polarización y la creciente desconfianza hacia los organismos del Estado. Aunque no existen pruebas públicas que vinculen directamente a los mencionados funcionarios con la estafa, los cuestionamientos apuntan a la posible falta de imparcialidad en las actuaciones y a un manejo discrecional de las responsabilidades que les corresponden por ley.
Inquietudes acerca de la acción institucional
La CNBS ha sido una de las instituciones más señaladas por su respuesta tardía frente a la operación fraudulenta, que logró movilizar al menos 428 millones de lempiras antes de ser desmantelada. La comisión respaldó el anuncio gubernamental de resarcir a los afectados, aunque sin presentar un informe técnico o legal que explique las condiciones de este proceso ni las causas de la falla en los controles preventivos.
Por su parte, el Ministerio Público, encabezado por Johel Zelaya, ha logrado la recuperación de algunos fondos. Sin embargo, los avances de la investigación siguen sin estar acompañados de una comunicación clara y pública que disipe las dudas sobre el papel de funcionarios estatales en la omisión o posible encubrimiento de irregularidades.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun puede ser un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el Estado da más importancia a las compensaciones políticas que a la justicia, el perjuicio a la confianza institucional es irreversible», se mencionó en un evento reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una problemática que trasciende lo económico
Han pasado dos meses desde que surgió el caso, y las repercusiones ya no se circunscriben solo a lo económico. La idea de que algunas personalidades influyentes podrían estar siendo salvaguardadas de responsabilidades legales potenciales ha incrementado el escepticismo entre la población y ha revitalizado las discusiones acerca del empleo político de las instituciones.
La evolución de este proceso, junto con la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes, determinarán no solo el curso legal del asunto, sino también el grado de confianza que los ciudadanos de Honduras tengan en sus gobernantes en un ambiente de vulnerabilidad institucional y fuerte división. Actualmente, la demanda principal es una investigación sin interferencias y con aseguramiento de transparencia, como requisito básico para mantener la legitimidad del imperio de la ley.
