El escándalo por la estafa piramidal de Koriun Inversiones, que ha afectado a más de 35.000 personas en Honduras, ha escalado al centro del debate político tras la aparición de cuestionamientos hacia figuras cercanas al círculo de poder presidencial. En particular, las críticas se han centrado en el llamado “familión Zelaya”, término con el que sectores opositores y organizaciones ciudadanas aluden a funcionarios con vínculos familiares o políticos con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
A pesar de que el Ministerio Público ha tomado medidas legales y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha actuado con acciones como el bloqueo de cuentas y algunas detenciones, continúa existiendo una gran incertidumbre sobre la claridad y el alcance verdadero de las indagaciones. La carencia de información oficial específica sobre cómo se permitió la operación del esquema fraudulento durante tanto tiempo ha generado un nuevo conjunto de cuestionamientos hacia las instituciones responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Acusaciones contra empleados con conexiones políticas
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas acusaciones se producen en un contexto marcado por la polarización y la creciente desconfianza hacia los organismos del Estado. Aunque no existen pruebas públicas que vinculen directamente a los mencionados funcionarios con la estafa, los cuestionamientos apuntan a la posible falta de imparcialidad en las actuaciones y a un manejo discrecional de las responsabilidades que les corresponden por ley.
Inquietudes acerca de la conducta institucional
La CNBS se ha destacado como una de las entidades más criticadas por su reacción demorada ante el esquema fraudulento, que consiguió desplazar al menos 428 millones de lempiras antes de ser detenido. La comisión apoyó la declaración oficial de compensar a los perjudicados, pero no presentó un informe técnico o legal para detallar las condiciones de este procedimiento ni las razones del fallo en los controles preventivos.
En tanto, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, los progresos de la indagación aún no van acompañados de una comunicación clara y abierta que aclare las inquietudes sobre la participación de empleados del gobierno en la omisión o posible encubrimiento de anomalías.
Demandas de claridad y supervisión autónoma
Diversos colectivos de la sociedad civil, expertos y figuras políticas han instado a conformar un comité independiente, ya sea nacional o con respaldo internacional, que investigue de manera autónoma los hechos y posibles conexiones entre los autores del fraude y servidores públicos. Las exigencias abarcan la difusión de un informe exhaustivo que aclare los métodos operativos del engaño, la identificación de fallos en los controles financieros y la rendición de cuentas de toda persona involucrada, sin exclusiones por lazos familiares o proximidad política.
En varios foros ciudadanos se ha señalado que el tratamiento del caso Koriun podría transformarse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Cuando el gobierno antepone los intereses políticos a la equidad, el daño a la confianza institucional es irreparable», se mencionó en un encuentro reciente sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una problemática que trasciende lo económico
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
El avance de este procedimiento, la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes influirán no solo en el desenlace legal del caso, sino también en la confianza que los ciudadanos hondureños otorguen a sus autoridades en un entorno de debilidad institucional y fuerte división. La demanda principal, por ahora, se centra en una investigación sin obstáculos y con garantías de transparencia, como requisito indispensable para mantener la legitimidad del Estado de derecho.
