El reciente anuncio del presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha causado alarma en el país. Redondo mencionó que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser sancionada en cualquier instante, incluso en sesiones extraordinarias, lo cual ha despertado preocupación en múltiples sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un intento de proceder con la reforma sin el diálogo ni el acuerdo requeridos, aumentando así la preocupación en la oposición política, en los sectores empresariales y en entidades de la sociedad civil.
La respuesta fue inmediata. Dirigentes empresariales, legisladores opositores y miembros de la sociedad civil han expresado su inquietud por lo que perciben como un intento de implementar una reforma tributaria de amplio alcance nacional sin diálogo ni claridad. La alerta sobre la posible sanción de la ley en momentos inusuales ha sido interpretada como una táctica para impedir la movilización ciudadana y la crítica mediática, incrementando así la tensión en el entorno político y social de Honduras.
Inquietudes acerca del procedimiento legislativo
La noticia de que la Ley de Justicia Tributaria podría aprobarse en una sesión legislativa intempestiva ha sido vista por grupos opositores y sectores productivos como una muestra de falta de participación y debate democrático. Estas agrupaciones han alegado que los oficialistas intentan eludir el debate público y el consenso, lo cual consideran dañino para la democracia y la transparencia. La eventual aprobación de la ley sin un proceso apropiado ha sido señalada como un peligro para la economía y los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un llamado a la vigilancia y a la movilización social.
Los miembros de la oposición en el Parlamento y figuras del ámbito privado han manifestado que una modificación de tal envergadura no debería ser autorizada sin un examen detallado y sin incluir la opinión de todos los interesados. Piensan que la ausencia de discusión podría traer efectos adversos para la nación, especialmente si se utilizan métodos legales inusuales para eludir la revisión pública.
Consecuencias económicas y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha sido criticada por varios sectores, los cuales alertan sobre sus posibles consecuencias adversas. Una de las mayores inquietudes es la eliminación de beneficios fiscales considerados esenciales para fomentar la inversión, lo cual, según los detractores, podría impactar negativamente a compañías productivas y a la industria agroindustrial. También se argumenta que la reforma podría poner en peligro un gran número de empleos, aumentar el costo de vida y conllevar al cierre de empresas.
En este contexto, tanto las organizaciones empresariales como las de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a estar vigilantes y activos, con el fin de evitar que la legislación sea ratificada sin cumplir con el proceso democrático apropiado. La principal inquietud es que una reforma con gran repercusión a nivel nacional no debe ser una “decisión apresurada”, sino un proceso abierto y colaborativo, donde se considere la opinión de todos y se analicen minuciosamente las posibles repercusiones para la economía y la sociedad de Honduras.
