Las principales cámaras empresariales de Honduras han emitido una fuerte crítica pública contra el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), al que señalan por supuestos intentos de cooptar el Consejo Nacional Electoral (CNE), una institución clave en la organización de los comicios generales de 2025. El pronunciamiento marca un momento de tensión entre el sector privado y el oficialismo, en un contexto político marcado por desconfianza institucional, denuncias de corrupción y creciente polarización.
Empresariado rechaza injerencia en el órgano electoral
Mediante una carta abierta difundida a nivel nacional, gremios empresariales expresaron su preocupación por lo que califican como una campaña sistemática del partido de gobierno para debilitar la independencia del CNE. De acuerdo con su denuncia, LIBRE estaría ejerciendo presiones sobre los consejeros electorales que no se alinean con sus intereses, con el objetivo de forzar decisiones favorables a su causa partidaria.
El comunicado alerta que cualquier intento por someter al órgano electoral compromete la transparencia del próximo proceso electoral y pone en entredicho la estabilidad democrática del país. A juicio del empresariado, la erosión de la autonomía del CNE también amenaza la confianza económica, al generar incertidumbre entre inversionistas y socios internacionales.
Avisos sobre el efecto económico y el entorno de inversión
Aparte de las críticas políticas, las organizaciones empresariales destacaron las repercusiones económicas del contexto. Afirman que la intervención partidista en el CNE intensifica el ambiente de desconfianza, lo cual podría resultar en una disminución de inversiones, salida de capitales y creciente presión social.
La carta del sector privado señala que, sin un árbitro independiente en las elecciones, no solo se reduce la confianza en el proceso electoral, sino también las condiciones básicas para un ambiente económico estable. En esta línea, advierten que el deterioro institucional impacta directamente la competitividad del país y podría acarrear efectos duraderos sobre el crecimiento y la cohesión social.
Una disputa que se desarrolla en un contexto de tensión política
Las declaraciones empresariales se producen en un momento de alta sensibilidad política en Honduras. En los últimos meses, el país ha sido escenario de señalamientos cruzados por supuestos intentos de fraude electoral, cuestionamientos a la transparencia en la administración pública y una creciente polarización en torno al papel de las instituciones.
El caso más reciente, relacionado con presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ha contribuido a una narrativa de desconfianza en el manejo de los recursos estatales. A ello se suma la vigilancia activa de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre el rumbo del proceso electoral de cara a los comicios generales de 2025.
En esta situación, la entrada del ámbito privado con una declaración política clara representa un momento decisivo. La exigencia de poner fin a los «excesos» y de mantener el respeto por la institucionalidad democrática destaca el aumento en el nivel de conflicto entre actores económicos y el gobierno.
Una situación electoral bajo tensión
El comunicado de las cámaras de comercio revela la mayor inquietud sobre el futuro del proceso electoral y la validez de sus resultados. A menos de un año para el comienzo del calendario oficial de elecciones, el ambiente de desconfianza y el conflicto político aumentan la presión sobre el CNE y sus acciones.
Sin asumir una postura explícita, las asociaciones han expresado claramente que la autonomía del ente electoral se considera un pilar institucional crítico. En un contexto regional marcado por retrocesos en la democracia y acumulación de poder, el pronunciamiento del sector empresarial hondureño sirve como advertencia acerca de los peligros de debilitar los equilibrios en el sistema político.
Con el inicio de un año previo a las elecciones, el balance entre el poder de los partidos, la independencia de las instituciones y la participación del público se vuelve el tema principal del debate político. La posición del sector privado no solo critica al gobierno, sino que también pone de manifiesto la debilidad de una situación en la que la legitimidad del proceso democrático parece estar cada vez más influida por las disputas de poder.
