A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Analistas atribuyen este descenso a una combinación de factores: denuncias de corrupción en la administración pública, fracturas internas dentro del oficialismo, bajo rendimiento económico y una creciente percepción ciudadana de opacidad en la gestión gubernamental. La erosión del respaldo popular ha coincidido con un endurecimiento del discurso político desde el Ejecutivo y con señales de tensión institucional que han encendido las alarmas en distintos sectores.
Dudas acerca del procedimiento electoral y supervisión institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Empresas y líderes de la oposición ven estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la observación internacional y proporcionar al partido gobernante flexibilidad en caso de un posible revés electoral.
Alegaciones de sesgos ideológicos y ambiente confrontativo
La organización en Tegucigalpa de un encuentro del Foro de São Paulo, en el cual participaron delegaciones de gobiernos progresistas del área, avivó nuevamente la discusión sobre las relaciones internacionales del partido LIBRE. Críticos destacaron que estas conexiones con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar dirigidas a emular modelos de gobierno que favorecen la concentración del poder y limitan los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue líder del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han señalado el riesgo de llevar a cabo un “Plan Venezuela”, cuyo fin sería causar desestabilización institucional, manifestaciones provocadas y obstrucciones administrativas que compliquen una transición gubernamental.
De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
Varias organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y líderes políticos han enfatizado la importancia de una supervisión internacional sólida y de mecanismos de protección que aseguren la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.
