En Honduras, la discusión respecto al rol de las Fuerzas Armadas en los comicios ha tomado importancia luego de varios sucesos que han creado polémica y desconfianza. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo responsable a las Fuerzas Armadas por errores en la logística durante las elecciones primarias, al mismo tiempo que la desmilitarización puntual de oficiales ha levantado preguntas sobre la imparcialidad de la entidad militar.
Ante este panorama, el abogado y constitucionalista Julio César Barrientos ha abogado por una reforma constitucional que excluya a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, argumentando que su participación compromete la transparencia y equidad del proceso.
Reporte del CNE y dudas sobre el papel de los militares en los comicios
El informe de auditoría del CNE reveló deficiencias significativas en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estas irregularidades provocaron retrasos en la apertura de urnas y generaron dudas sobre la transparencia del proceso. La falta de respuesta del alto mando militar y del gobierno ante estas acusaciones ha intensificado la desconfianza.
Frente a esta circunstancia, los partidos opositores han demandado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, así como la presencia de observadores internacionales y la implementación de auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este marco, el abogado Barrientos ha descrito como «obsoleta, peligrosa y manipulable» la norma constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de proteger las urnas, distribuir los materiales electorales y brindar apoyo logístico al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos cívicos compromete la neutralidad institucional y podría dar lugar a presiones políticas y fraudes.
Propuesta para cambio en la constitución y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere una reforma a la Constitución que traslade las responsabilidades electorales a una Oficina Técnica Electoral vinculada al CNE, pero compuesta por personal civil, con formación especializada y completa transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y garantizar la integridad de los procesos electorales contra cualquier interferencia armada. La propuesta de Barrientos se alinea con una tendencia creciente que demanda comicios conducidos por civiles y sin involucramiento militar.
No obstante, el debate no se restringe a los errores logísticos y la propuesta de cambiar la constitución. La resolución del Alto Mando de retirar las armas de manera selectiva a algunos oficiales de las Fuerzas Armadas ha inquietado a varios sectores. De acuerdo con fuentes militares y quejas, el proceso de desarme no se estaría ejecutando de forma general, sino solo a aquellos oficiales que han tomado posturas independientes o críticas frente al oficialismo. Esta acción se ha interpretado como un intento de purga silenciosa dentro de las filas militares, lo cual ha creado tensión y malestar entre los oficiales de rango medio y alto.
El miedo primordial entre los líderes opositores es que, frente a una potencial derrota del partido en el poder en las elecciones, el gobierno intente utilizar a los militares para no reconocer los resultados o suprimir protestas. Estos incidentes han incrementado las inquietudes sobre el rumbo del gobierno y la posible influencia sobre las fuerzas armadas.
