La creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos de campaña más importantes de la presidenta Xiomara Castro, ha sido pospuesta una vez más tras la extensión, por quinta ocasión, del acuerdo de cooperación con Naciones Unidas. El comunicado, hecho público esta semana, se da en un contexto de ausencia de progreso en el Congreso Nacional para aprobar las reformas constitucionales necesarias para la operación del sistema anticorrupción.
La paralización ha revitalizado objeciones desde distintos grupos de la sociedad civil y del ámbito internacional, que ven la demora como un indicativo de debilitamiento del compromiso del gobierno en la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente respecto a la supresión de la inmunidad parlamentaria, evita la implementación exitosa de la CICIH, a pesar de haber entregado un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas sociales e institucionales
El Poder Ejecutivo ha manifestado varias veces su intención de conformar la comisión, indicando progresos en los diálogos con Naciones Unidas. Sin embargo, las condiciones previas para llevarla a cabo dependen de modificaciones legales y constitucionales que requieren la aprobación del Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga social
El procedimiento para establecer la CICIH se encuentra con varios desafíos en el ámbito político. Sobresalen las reformas fundamentales que requerirían eliminar protecciones legales vistas por varios actores sociales como una barrera para luchar efectivamente contra la corrupción. Diversos actores han indicado la poca disposición política en el Congreso como una de las razones principales del estancamiento.
Han pasado más de dos años desde que comenzó la administración de Castro, y las agrupaciones de la sociedad civil junto con las redes ciudadanas indican un alejamiento entre las promesas iniciales y lo que se ha llevado a cabo en realidad. Estos grupos señalan que el constante aplazamiento de decisiones importantes ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Demandas de acción y presión global
El actualizado acuerdo de entendimiento carece de una fecha precisa para que se establezca la CICIH, lo cual, según expertos internacionales, podría perjudicar la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de parálisis ha originado dudas entre los observadores externos, lo que podría tener consecuencias negativas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para consolidar su institucionalidad democrática.
En esta situación, varias opiniones han resaltado la importancia inmediata de desbloquear el proceso a través de la aprobación rápida de las reformas necesarias, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, argumentan, no solo posibilitarían la activación de un sistema para combatir la corrupción, sino también demostrar un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Panorama institucional incierto
El retraso en el establecimiento de la CICIH pone de manifiesto las dificultades fundamentales que Honduras encuentra al intentar construir un sistema que sea autónomo y eficiente. La continua presencia de impedimentos legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, deja en pausa una de las iniciativas más importantes para combatir la impunidad en la nación.
El asunto destaca los conflictos entre los compromisos internacionales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, además del reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales efectivas. Por otro lado, el país sigue sin un mecanismo de apoyo externo para investigar casos de gran relevancia, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales contra la corrupción a corto y mediano plazo.
