El estado de la libertad de prensa en Honduras ha ganado notable importancia en tiempos recientes, reflejado en un aumento de situaciones de violencia, intimidaciones e impunidad hacia periodistas y medios. Distintos reportes y datos oficiales han revelado un ambiente cada vez más agresivo para el trabajo periodístico, donde la presión tanto institucional como económica se suma a actos directos de amedrentamiento y campañas de difamación.
En este contexto, los comunicadores hondureños han enfrentado no solo riesgos físicos, sino también campañas de señalamiento público y acoso judicial, lo que ha debilitado la independencia de los medios y ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La respuesta de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos ha sido de vigilancia constante y llamados a la protección de los derechos fundamentales.
Intimidaciones, agresiones y falta de justicia hacia los periodistas
Desde 2001 hasta el final de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un grado de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, actos de intimidación y restricciones en el entorno en línea se han convertido en las maneras más comunes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a diferentes medios de comunicación en varias áreas del país. En años recientes, se han registrado ataques a 64 medios, revelando patrones continuos de persecución y criminalización.
La situación económica ha afectado a los medios de comunicación, impactando su operatividad e independencia editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o a cesar por completo. Los procesos judiciales y la escasez de recursos son factores cruciales en este deterioro. Organizaciones internacionales han clasificado a Honduras como uno de los países con más dificultades para el periodismo en América Latina, colocándolo en los últimos lugares en los rankings mundiales de libertad de prensa.
Frente a esta situación, diversas entidades tanto nacionales como internacionales han solicitado al gobierno de Honduras asegurar la protección de los periodistas y respetar el derecho a la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas institucionales y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutaron una campaña informativa enfocada hacia periodistas críticos, usando su medio oficial de comunicación para desprestigiar a comunicadores conocidos. En la última edición de su periódico oficial, se dedicaron diversas páginas a mencionar a tres periodistas, incluyendo acusaciones con imágenes y términos que los describían como adversarios del Estado, sin proporcionar evidencia concreta.
Este acontecimiento provocó una respuesta rápida por parte del gremio periodístico y las organizaciones de derechos humanos, quienes repudiaron la campaña al considerarla un ataque institucional sin precedentes desde los niveles más altos del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas junto con varios sectores de la sociedad hondureña ha sostenido una posición de alerta, demandando claridad y respeto a los derechos fundamentales, así como el fin de cualquier tipo de intimidación hacia la prensa independiente.
La situación del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un informe de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado la atención pública y provocado expresiones de apoyo por parte de entidades nacionales e internacionales. El informe, visto como una amenaza, respondía a comentarios de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en el manejo de fondos públicos. Diferentes sectores han subrayado que la tarea de informar y supervisar a las instituciones es un elemento crucial de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado al Estado evitar emitir declaraciones que puedan amedrentar de manera directa o indirecta a periodistas y medios de comunicación, destacando la responsabilidad gubernamental de salvaguardar la libertad de pensamiento y de expresión. Estos eventos se han visto como un intento de limitar el trabajo informativo y crítico del periodismo en el país, lo cual ha acrecentado la preocupación sobre el uso del poder estatal para restringir el ejercicio periodístico en Honduras.
