La comunidad empresarial de Honduras ha expresado inquietud por el ambiente político actual, ya que perciben un posible acercamiento a un sistema económico y social que restrinja la inversión privada. Voceros del sector privado alertan que las propuestas promovidas por el exmandatario Manuel Zelaya y la aspirante presidencial de LIBRE, Rixi Moncada, tienen el potencial de crear inestabilidad en la nación y perjudicar la solidez económica.
Indicadores de precaución para invertir
Empresarios nacionales y extranjeros señalan que el país ha dejado de ser percibido como un espacio seguro para el capital. Según un representante de la Cámara de Comercio, existen indicios de que se busca replicar un modelo autoritario y con fuerte intervención estatal, similar al que se implementó en Venezuela y Nicaragua.
Estas advertencias emergen en un marco de planteamientos políticos que contemplan modificaciones con una supervisión estatal más estricta y una retórica de confrontación hacia el sector privado. La sensación de peligro ha provocado la detención de iniciativas y la reevaluación de actividades por parte de inversores que anteriormente estaban involucrados en áreas clave, como la energética.
Un inversor foráneo manifestó haber optado por retirar sus fondos debido a la inseguridad provocada por un posible cambio en la normativa y en la dirección económica, lo cual impactaría negativamente la ganancia y la protección de sus capitales.
Narrativa de refundación y concentración de poder
Por su parte, Zelaya y Moncada han promovido una narrativa orientada a la “refundación” del país, que según analistas, podría traducirse en una concentración de poder y debilitamiento institucional. Esta visión ha generado preocupación entre los actores económicos, quienes temen que los cambios estructurales propuestos puedan impactar en la gobernabilidad y en la estabilidad del sector privado.
Los críticos del modelo planteado por LIBRE sostienen que, de implementarse, las reformas podrían generar un escenario de mayor intervención del Estado en la economía, limitando la participación de la empresa privada y afectando la confianza de los inversionistas. La ausencia de claridad sobre la implementación de estas medidas ha incrementado la percepción de riesgo, afectando la planificación estratégica de empresas locales e internacionales.
Impacto económico y social
La situación política ha tenido un efecto directo en la economía: capitales se están reubicando fuera del país, proyectos se mantienen en suspenso y algunas compañías han reconsiderado su permanencia en sectores claves. Este escenario plantea un desafío para la generación de empleo y el desarrollo económico, al mismo tiempo que intensifica la polarización entre distintos sectores de la sociedad.
Los expertos destacan que la nación atraviesa una etapa de incertidumbre donde las determinaciones políticas son determinantes para la confianza del ámbito empresarial y la habilidad de Honduras para captar y conservar inversiones. La comunicación entre instituciones y la transparencia en las estrategias económicas se presentan como pilares fundamentales para la estabilidad venidera.
La coyuntura actual evidencia un país en el que la gobernabilidad, la institucionalidad y la inversión privada se encuentran bajo presión. El sector empresarial observa con atención cada propuesta de LIBRE, evaluando cómo podría afectar la economía y la estructura institucional del país, mientras los actores políticos avanzan con su agenda de cambios, con implicaciones que aún deben medirse en términos de inversión, empleo y desarrollo sostenible.
